El rol del Poder Judicial en la tarea de erradicar la violencia contra las mujeres es vital, ya que sus resoluciones priorizan la seguridad personal y económica de ellas y sus hijos y protegen su identidad para que no sean víctimas de intimidaciones o coacciones ilegítimas, aseguró la académica Belem Bolaños Martínez.
Además, en materia penal, hay espacios adecuados para evitar la confrontación de las víctimas por su agresor o que sean revictimizadas y se procura emplear un lenguaje sencillo, despojado de términos técnicos, para facilitar la comprensión de todo lo que acontece en la sala de audiencias, subrayó.
Las y los jueces, dijo, pronuncian decisiones breves, ágiles y con perspectiva de género para que las mujeres cuenten con un patrocinio jurídico desde el primer momento y durante todo el proceso, sosteniendo sus denuncias hasta su conclusión al equilibrarse claramente el ejercicio de poder entre las partes.
Todos los días se emiten respuestas que empoderan a las víctimas sobrevivientes, se presta atención a los aspectos económicos del maltrato y se conecta a la víctima con los recursos comunitarios para fortalecer sus medios de contención y superar esa violencia, resaltó la especialista.
Las sentencias dictadas de manera pronta e imparcial tienen un poder individual y colectivo que impacta en la vida de las personas y conforman la identidad del poder judicial como un actor imprescindible en la recuperación y resarcimiento del daño ocasionado, así como para erosionar y prevenir la violencia contra la mujer en la sociedad, anotó.
Bolaños Martínez expuso que estas acciones concretas y contundentes, se hace patente el compromiso y alta responsabilidad de la comunidad judicial en la Ciudad de México para hacer del Derecho y sus instituciones, herramientas que posibiliten que las mujeres y las niñas sueñen y ejecuten un proyecto de vida libre de violencia en condiciones de autonomía e igualdad.
Recordó que la violencia contra la mujer ha sido reconocida como una grave violación a los derechos humanos y su prevención, sanción y erradicación consta en la agenda pública del poder judicial en la Ciudad de México, ejecutando diversas acciones para enfrentar este fenómeno en todas sus manifestaciones.
En principio, la profesionalización de los funcionarios judiciales ha sido un eje rector en las políticas de tolerancia cero para erradicar la violencia ante la alerta de género decretada en nuestra ciudad desde el año 2019, anotó.
En este rubro, abundó, el Instituto de Estudios Judiciales y la Dirección de Derechos Humanos, en forma permanente, promueven actividades de difusión y capacitación al personal en materia de derechos humanos, perspectiva de género y el desarrollo de conocimientos especializados y habilidades para eliminar un servicio áspero u hostil, actitudes que minimicen, nieguen o culpen a las víctimas, o se proporcione un trato agresivo o paternalista con expresiones sexistas, estereotipadas o racistas, garantizando de esta manera la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
