La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, Fany Lorena Jiménez Aguirre, figura entre las aspirantes que competirán en la elección extraordinaria del próximo 1 de junio para integrar el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
Su nombre aparecerá en la boleta turquesa con el número 8. Desde el inicio del proceso, Jiménez Aguirre ha centrado su mensaje en fortalecer la cercanía con la ciudadanía. Ha sostenido encuentros con estudiantes, organizaciones civiles y especialistas del ámbito jurídico, con el fin de presentar sus propuestas y recoger inquietudes.
Entre los ejes que impulsa, se encuentra la apertura del Tribunal hacia la sociedad. Plantea publicar las sentencias con transparencia y bajo resguardo de datos personales, así como incorporar tecnologías que permitan a la ciudadanía conocer de manera clara el quehacer del órgano judicial. También insiste en garantizar una justicia gratuita, eficaz, imparcial y de fácil acceso.
Jiménez ha puesto énfasis en la ética pública como pilar institucional. Sostiene que quienes integran el Tribunal deben conducirse con rectitud, firmeza y plena observancia de la ley. Subraya que los actos ilegales y las decisiones alejadas de los principios de justicia deben recibir sanción sin excepciones.
Su proyecto contempla mecanismos concretos contra la corrupción: estrategias de prevención, formación en igualdad de derechos, protocolos contra malas prácticas y un uso riguroso y legal del presupuesto. Asimismo, propone habilitar un canal que permita denunciar irregularidades al interior del Tribunal.
Con formación jurídica sólida, Jiménez Aguirre posee dos maestrías, una certificación internacional en el sistema de gestión antisoborno ISO 37001 y experiencia como jueza, litigante y académica en instituciones como la UNAM y el ITESO. También encabeza la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados (AMTRIJA).
La jornada del 1 de junio definirá a quienes integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de vigilar el actuar de las y los impartidores de justicia en el estado.