Un nuevo caso de acoso sexual sacude al Ayuntamiento de Toluca, luego de que Ivette “N”, exservidora pública, denunció a Alberto Isaac Valdés Ramírez, actual Director General del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, por hostigamiento sexual, acoso laboral y represalias que derivaron en su despido.
La denuncia fue presentada el 10 de julio ante la Fiscalía de la Mujer, con expediente NIC: CGT/VGT/00/MPI/408/03101/25/07 y NUC: TOL/CGT/VGT/107/191492/2507. En ella, la víctima narra una serie de actos sistemáticos de violencia y acoso por parte del funcionario, que incluyen desde observaciones invasivas a través de cámaras, exigencias de fotografías personales y presiones para mantener una relación, hasta un despido arbitrario tras negarse a sus insinuaciones.
“Soy madre soltera y fui despedida por no ceder. Si algo me sucede, hago responsable a mi agresor y su equipo cercano”, advirtió la denunciante en redes sociales, donde también denunció que las autoridades no han actuado con la debida diligencia, mientras que su agresor sigue en funciones como si nada hubiera ocurrido.
Además de acudir a instancias judiciales y administrativas, Ivette “N” solicitó directamente la intervención del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, así como de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a quienes acusa de guardar silencio ante su caso, pese a los llamados públicos.
“¿Hasta cuándo vamos a permitir que el sistema proteja a los agresores y silencie a las víctimas?”, cuestionó en una publicación.
En su testimonio, Ivette “N” detalla cómo Valdés Ramírez usaba su posición de poder para ejercer control, intimidación y violencia psicológica contra ella y, presuntamente, contra otras trabajadoras del organismo. “Tal vez tu novia o tu esposa también necesita ayuda, pero está siendo doblegada por él o su círculo cercano”, denunció.
La víctima también notificó formalmente al Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, sobre los hechos, e hizo un llamado para que se garantice su reinstalación en un entorno seguro y libre de represalias y se tomen medidas institucionales para prevenir y erradicar este tipo de conductas.
Además de que se transparente y dé seguimiento al proceso con apego a los principios de legalidad y derechos humanos.
Este nuevo escándalo se suma a otras acusaciones recientes por acoso dentro del gobierno municipal de Toluca. El silencio institucional y la permanencia de los funcionarios señalados evidencian una preocupante cultura de impunidad y encubrimiento en la administración pública municipal en el Estado de México.
