En Monterrey, ante empresarios, trabajadores, estudiantes y representantes de la sociedad civil, el diputado federal y vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó su informe legislativo y expuso una serie de propuestas para una reforma profunda del sistema político mexicano.
El legislador informó que del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, con un monto superior a 293 mil millones de pesos, más de 3 mil millones se asignaron a programas sociales como pensiones para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas educativas, servicios de salud y capacitación laboral. En materia de vivienda, destacó que el programa Vivienda para el Bienestar construirá 33 mil hogares en 30 municipios bajo un esquema de renta social con opción a compra.
En infraestructura, subrayó la relevancia del tren Saltillo–Monterrey–Nuevo Laredo para fortalecer la conectividad y el comercio internacional. En el sector energético, la Comisión Federal de Electricidad modernizará la red de transmisión en la zona metropolitana, mientras que el campo recibirá 5,500 toneladas de fertilizantes para más de 18 mil hectáreas, en beneficio de 9,500 productores, incluidos 2,400 mujeres rurales.
Ramírez Cuéllar resaltó la importancia de mantener vínculos estratégicos con Estados Unidos, principal socio comercial de México, y reconoció el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la economía y la consolidación de acuerdos para fortalecer cadenas productivas, atraer inversión y proteger empleos.
Anunció que en la Cámara de Diputados se analiza una nueva Ley de Inversión para el Bienestar, que integrará recursos públicos, privados y sociales con criterios de responsabilidad ambiental y justicia territorial. Asimismo, respaldó la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con el objetivo de garantizar ética, transparencia y mayor participación ciudadana.
Entre sus planteamientos, presentó tres bloques de reforma: no reelección, eliminación del fuero y combate al nepotismo electoral; un sistema nacional de auditoría, ratificación de mandato y un modelo integral anticorrupción; y una reforma electoral orientada a reducir costos, fortalecer órganos electorales, proteger la libertad de expresión y abrir decisiones legislativas a la ciudadanía.
“Tenemos la oportunidad histórica de construir un Estado democrático de bienestar que combata la desigualdad, ponga fin a la impunidad y erradique privilegios en el acceso a cargos públicos”, concluyó.
