Contra José Gabriel Camarena Morales, actual Coordinador General Jurídico del Gobierno de Nayarit, se presentó una denuncia de hechos que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió el pasado 1 de agosto, a quien se le atribuyen presuntos actos de corrupción relacionados con la obtención de terrenos de alto valor en Bahía de Banderas.
El escrito presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción asegura que Camarena recibió en 17 transferencias más de 30 millones de pesos por parte de una empresa privada a cambio de favores para concretar la construcción de un hotel en Nayarit. La denuncia precisa que los depósitos se realizaron entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022, a través del despacho Camarena & Compeán S.C., del cual el funcionario es socio.
De acuerdo con la relación de operaciones contenida en la denuncia, los pagos comenzaron el 13 de septiembre de 2021, fecha en la que se registraron dos transferencias superiores a 5 millones de pesos cada una, bajo el concepto de “revisión y asesoría legal en condición precedente en ejido”.
Posteriormente, en noviembre del mismo año, se realizaron dos movimientos cercanos a 1.9 millones de pesos cada uno. Durante los meses de enero y febrero de 2022 se sumaron cuatro pagos de montos similares, mientras que en octubre y noviembre de ese año se documentaron nuevas transferencias por cifras que oscilaron entre 1.8 y 2.5 millones de pesos. El último registro corresponde al 2 de diciembre de 2022 con un depósito de 2.4 millones.
La acusación sostiene que este esquema de pagos se vinculó con la obtención de predios que antes formaban parte del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), mismos que habrían sido reasignados en beneficio de la empresa Artha Capital, S. de R.L. de C.V., identificada como desarrolladora del proyecto turístico “Nuevo Ícono de América”, asociado con la cadena hotelera Marriott.
El documento también describe la operación denominada “Megaoperativo FIBBA Nuevo Nayarit”, en la que se habrían ejecutado cateos, órdenes de aprehensión y procedimientos de expropiación que se califican de ilegales, con el propósito de que inmuebles vendidos o en litigio regresaran al dominio estatal y luego fueran puestos a disposición del consorcio privado.
En estos procesos se señala la intervención de funcionarios de la Fiscalía de Nayarit, del Poder Judicial local y de la entonces directora del FIBBA, Ludmila Heredia Verdugo.
Además, la denuncia apunta que el esquema incluyó la promesa y asignación de obras públicas, particularmente en carreteras y caminos rurales, para dar soporte a la zona turística del proyecto, con recursos federales. Según la acusación, esta reorientación del gasto dejó fuera de la planeación a otras regiones del estado, que quedaron sin infraestructura básica como hospitales y escuelas.
José Gabriel Camarena Morales es uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Desde su cargo ha encabezado lo que el discurso oficial denomina la “recuperación histórica” de más de 80 inmuebles presuntamente desviados en sexenios anteriores. Paralelamente, ha figurado como representante del gobierno estatal en la Ciudad de México e incluso como aspirante a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No obstante, reportes periodísticos han documentado señalamientos contra el funcionario por presunto fraude fiscal y abuso de autoridad, así como testimonios que lo vinculan con presiones ejercidas en el marco del “Megaoperativo Nuevo Nayarit”. El propio Camarena ha calificado estas acusaciones como campañas de difamación orquestadas por intereses que, según él, se oponen a la recuperación del patrimonio de Nayarit.
