Hay dos frases del abogado y ex procurador Diego Valadés a propósito de los trabajos que realiza la Comisión Presidencial para la reforma electoral, él decía que “el diseño de las reformas suele corresponder a las necesidades de la coyuntura”. Parecería que esa idea aplica a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia mañanera del primero de octubre, justo al cumplir un año de su Gobierno, dijo que la Comisión integrará la eliminación del fuero de los diputados y senadores a dicha reforma.
Esa fue su respuesta ante los cuestionamientos de los reporteros sobre cómo afecta la situación del senador Adán Augusto López Hernández en la construcción del segundo piso de la 4T, quien está en medio de los escándalos, primero en el de su ex secretario de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de encabezar al grupo criminal “La Barredora” y segundo sobre las dudas de sus ingresos, presuntamente provenientes de empresas contratadas por su administración cuando él fue gobernador (conflicto de interés) y de una empresa “fantasma” (procedencia ilícita), así como del pago de sus impuestos, ambos entre 2023 y 2024.
Ese posicionamiento, el de la presidenta Sheinbaum, no responde a una coyuntura, es un tema que se justifica con la segunda frase del ex procurador Valadés respecto a que “las normas que se ostentan como intangibles acaban siendo quebrantadas” y, paradójicamente, quienes las han quebrantando son los mismos legisladores, los garantes, los responsables de crear, modificar y derogar las leyes que rigen y garantizan el orden, la convivencia y la paz social en nuestro país.
Ellos han violentado el orden Constitucional que juraron respetar al momento de asumir sus cargos; porque cobijándose bajo la figura del fuero, no responden, ni hacen frente a los delitos, faltas, omisiones o señalamientos cometidos durante sus gestiones como servidores públicos y/o como representantes populares, ellos infringen la ley.
Hoy lo vemos con los congresistas Adán Augusto López, Alejandro Moreno y Cuauhtémoc Blanco, por mencionar algunos.
En 2022 la Fiscalía de Campeche solicitó a la Cámara de Diputados el primer proceso de desafuero contra el senador Alejandro Moreno por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero durante su periodo como gobernador de esa entidad; y en 2025 realizó una segunda solicitud que incluye los delitos de usurpación de funciones y extralimitación de facultades, entre otros.
Mientras que, en febrero de este año, la Fiscalía de Morelos presentó la solicitud de desafuero contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco por el presunto intento de violación contra su media hermana cuando fue gobernador, el cual fue rechazado.
Con esto, los congresistas han alejado el fuero constitucional de los fines para los que fue concebido, hoy es un instrumento de oportunidad política, de negociación de una mayoría. El fuero se ha transformado en un manto de impunidad utilizado por quienes juraron ser los garantes del orden jurídico, porque no hay razón para que un legislador no sea sometido ante la justicia.
Por ello, la necesidad de acabar con este privilegio va más allá de la reforma política, la presidenta Sheinbaum Pardo tiene la oportunidad histórica de devolverle honor y responsabilidad al Poder Legislativo, porque como lo mencionó en la Plaza de la Constitución “el poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad…”.
La reflexión final debe ser clara, si el poder es para servir con humildad, nadie y menos quienes legislan, porque fueron electos por elección popular, pueden estar por encima de la ley. Es hora de recuperar la dignidad del servicio público y asegurar que la balanza sea igual para todos.
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