Los costos que ocasionan las marchas, los paros y bloqueos de vialidades que se dan en cualquier parte de nuestro país son incalculables.
Quienes se manifiestan, evidencian la desesperación en la que viven al ser rebasados por los problemas que atentan contra su bienestar; si bien obedecen a intereses sociales, también pueden estar sujetos a intereses económicos, políticos o de otra índole. Los que protestan utilizan esta medida extrema al ser el medio más efectivo para presionar a las autoridades, obligarlos a escucharlos y a resolver sus demandas de manera inmediata.
Respecto a los tres niveles de Gobierno, implica un desgaste político y social porque revela su omisión e indolencia al implementar programas y políticas públicas que no responden a la realidad de sus gobernados y muestra su indiferencia hacia las necesidades y problemas de la gente. Hoy los gobiernos son reactivos y no proactivos, cuando estalla el conflicto vuelcan su atención solo para minimizar sus consecuencias y mitigar sus efectos.
Pero hay un costo mayor que pagan los ciudadanos que desafortunadamente transitan por los lugares donde se realizan esas protestas y que afecta a los sectores establecidos en esas zonas. En la ciudad, sus habitantes tienen que buscar alternativas para llegar a tiempo y cumplir con sus actividades y responsabilidades; el comercio formal sufre pérdidas por la inactividad a la que son sometidos además de ser saqueados y vandalizados; los servicios se ven interrumpidos ocasionando daños inimaginables para los negocios, hospitales, escuelas, oficinas, etc., solo por mencionar algunos.
Y si es en carreteras, esas largas filas de automóviles, autobuses y transporte de carga que están detenidos por horas o días, ocasionan pérdidas en cadena, desde las personales, familiares, comerciales, industriales, comunitarias, regionales hasta las nacionales.
Los costos de las protestas son incalculables y ¿quién los paga? Esta última semana de octubre, que ha sido caótica para el Valle de México y varios estados del país, tres hechos son los que hay que resaltar:
1. El lunes 27 “piperos” bloquearon las entradas a la Ciudad de México (CDMX) en rechazo al “Operativo Caudal” encabezado por la Fiscalía del Estado de México (EDOMÉX) que cerró 51 pozos e intervino 138 tomas clandestinas de agua. Esta acción, dicen, los afecta porque son quienes abastecen a las plantas purificadoras y negocios de la zona conurbada. Esto provocó escasez y la suma de los “purificadores” a esa protesta.
Incentivando ese descontento, este miércoles 29, comerciantes, transportistas y de nueva cuenta los “piperos” realizaron cierres parciales en las autopistas que conectan a la CDMX, en los municipios de Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla y en avenidas de la capital, además de marchar hacia Palacio Nacional para exigir el alto a la supuesta fabricación de delitos por parte de la Fiscalía del EDOMÉX.
Quienes paralizan a la CDMX y municipios colindantes buscan se normalice la ilegalidad, en este caso reclaman derechos sobre lo que no les pertenece, en el Código Penal del EDOMÉX se tipifica el robo de agua.
2. También el lunes 27, productores de maíz cerraron carreteras y tomaron casetas en el Bajío y otros estados del país, en demanda de apoyo por la caída del precio del grano a nivel internacional, solicitando que el gobierno federal fije un precio de garantía por tonelada. Si bien la madrugada de este miércoles se alcanzó un acuerdo con productores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, donde se levantaron los cierres y bloqueos, aún falta el resto de los estados.
El país importa el 58% del maíz que consumen los mexicanos porque el campo carece de los apoyos necesarios para cubrir los costos de producción y elevar su productividad. Requiere una política sostenida que fortalezca esa actividad y que los haga competitivos. El campo es fuente de ingresos para millones de familias y para México.
3. Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) había programado para este miércoles 29 un bloqueo masivo en la CDMX por el incumplimiento de las autoridades para aumentar la tarifa del pasaje en la capital, la organización suspendió la movilización porque se reunirá este viernes 31 con autoridades locales para su discusión.
Aquí la paradoja es sentarse para discutir el aumento de tarifas y no por el cómo garantizar que el transporte público ofrezca servicios de calidad y mayor seguridad para la gente.
Es así que ahorcar las vialidades no es una casualidad que se solventa con mesas de negociación; es la consecuencia lógica de una gestión pública fallida y reactiva. El bloqueo de carreteras y ciudades, en la mayoría de los casos, es el grito de un sector que ha agotado todas las vías institucionales y descubre que la única forma de obtener respuesta es infringiendo el daño mayor.
Si los Gobiernos no garantizan el bienestar y la justicia, la gente elegirá detener el motor del país hasta ser escuchada, porque el verdadero problema no es la protesta, es la indolencia que la provoca.
