La residencia privada de Alejandra Campos, presidenta municipal de León, Guanajuato, cuya construcción estuvo a cargo de un arquitecto que recibió contratos del propio ayuntamiento por más de 3.5 millones de pesos, originó señalamientos contra la misma alcaldesa por posible conflicto de intereses, presunta corrupción y tráfico de influencias. Coincidieron temporalmente las adjudicaciones con la edificación de su vivienda, valuada en más de 15 millones de pesos.
La casa de Alejandra Campos en el fraccionamiento Santa Brígida fue diseñada y construida por el arquitecto Octavio Humberto Aguilar Salmerón, quien, al mismo tiempo, figuraba como representante de TerraLab Consulting S.A. de C.V., beneficiada con diversos contratos municipales para mantenimiento de viveros y áreas verdes.
En la lista de convenios aparecen el DGJA-CPS-004-2023, por 580 mil pesos y firmado por Susana Mendoza, entonces titular de Medio Ambiente, y el DGJA-CPS-004-2024, por 166 mil pesos y suscrito por Jaime Samperio Vázquez; ambos fueron otorgados mientras Aguilar Salmerón trabajaba en la residencia particular de la alcaldesa.
Firmado por Samperio Vázquez, el contrato SE-435024 por 1 millón 466 mil 325 pesos se destinó a mantenimiento especializado; a su lado figuran el SE-433024 por 1 millón 221 mil pesos, vigente del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2024, para mantenimiento del vivero municipal, y el SE-264024 por 143 mil 247 pesos para mantenimiento de áreas verdes. Las cifras y fechas están documentadas en el portal de transparencia del gobierno municipal.
A la par de su papel como contratista y arquitecto particular de la presidenta municipal de León, Aguilar Salmerón formó parte del Consejo Ciudadano del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), el ente que define las políticas de desarrollo urbano de León, cargo desde el cual tenía acceso a información sobre proyectos y decisiones del mismo ramo.
Reconoció la alcaldesa en declaraciones al diario AM que Aguilar Salmerón ejecutó el 85% de la construcción de su vivienda. Igualmente, admitió que el arquitecto trabajaba de forma simultánea para ella, para el gobierno municipal en obra pública y como consultor en desarrollo urbano, lo que configura un triple conflicto de intereses.
