México arriba al séptimo año de la llamada “Cuarta Transformación” en un ambiente marcado por la incertidumbre económica, social y política. Por un lado, el Banco de México (Banxico) recortó su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre de 2025, al pasar de 0.6% a un 0.3%, muy por debajo a lo estimado por la Secretaría de Hacienda (1.0%), lo que se traducirá en una caída en el consumo y la inversión, en la pérdida de empleos, menores ingresos, entre otros.
A ello se suma la información del INEGI: de enero a septiembre de este año se incorporaron 247,934 personas a la fuerza laboral, pero solo se generaron 45,903 empleos, es decir, hoy tenemos 202,031 nuevos desempleados más, que solo buscan una oportunidad de ingresos.
En paralelo, continúan acumulándose los escándalos que involucran a algunos legisladores, gobernadores, servidores y ex servidores públicos vinculados a Morena y no pasa nada, cada día aparecen nuevos señalamientos por su presunta corrupción, negligencia y omisión en el ejercicio público. El caso más reciente es el de Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario del concurso Miss Universo, a quien autoridades investigan por presunto contrabando de combustible, falta conocer el alcance de esas indagatorias y a quiénes podría involucrar. Conviene recordar que el huachicol representa un daño al fisco por cientos de miles de millones de pesos.
La calle es tomada por miles de ciudadanos que exigen justicia, seguridad y un alto a la corrupción. Ahí están las movilizaciones en Michoacán tras el asesinato del alcalde de Uruapan y las protestas del 15 de noviembre en diferentes ciudades del país.
El problema de personas desaparecidas continúa agravándose, según datos de La Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A. C., al 16 de mayo de 2025 ascendían a 128,064 los desaparecidos, lo que representa un incremento del 12% respecto a 2024.
En tanto los hospitales públicos siguen enfrentando carencia de medicamentos, personal e infraestructura insuficiente. Las historias de pacientes y sus familiares compartidas en redes sociales y medios de comunicación exhiben una realidad dolorosa y persistente.
A esto se suman los bloqueos de campesinos y transportistas que paralizaron carreteras en algunos estados y aduanas fronterizas del norte del país. Sus exigencias: incremento en el precio de garantía del maíz, cambios a la iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales para proteger sus concesiones y seguridad en todas las carreteras. Estas movilizaciones generaron pérdidas millonarias y afectado la vida de millones de personas.
Lo anterior evidenció la falta de capacidad de algunos integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum para responder, gestionar y resolver los agravios y las necesidades de la ciudadanía y de sus diferentes sectores. Su distancia, soberbia e insensibilidad profundizó el malestar social.
El trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, perdió legitimidad debido a su manejo político del conflicto. Ella atribuyó las protestas a intereses partidistas, pero estos sectores arrastran problemas históricos y concretos.
A los campesinos les retiraron apoyos, subsidios y créditos durante la administración pasada, su exigencia es por un precio de garantía que les ayude a ser competitivos en el mercado internacional.
Mientras que los transportistas, según lo denunciado por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), sufren entre 50 a 60 robos diarios en carreteras, 81% de ellos con violencia, su demanda es simple: transitar con seguridad. Rosa Isela Rodríguez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad en el gobierno anterior enfrenta la realidad de aquella gestión.
A ello se agrega la actuación de los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, su falta de anticipación y acción permitió que este problema escalara, se agravara y terminara golpeando directamente a la presidenta de la República.
Así, los responsables de implementar las políticas públicas están siendo rebasados. No son, hoy por hoy, interlocutores confiables.
La presidenta de México requiere de operadores políticos con capacidad técnica y visión estratégica, capaces de atender las causas estructurales que impulsen una política social y económica sostenible porque el tiempo se acaba para todos.
