Entre focos rojos, avanza la licitación pública nacional electrónica LA-06-400-006400001-N-19-2025, destinada a entregar vales electrónicos de despensa a miles de trabajadores federales, que llegó este lunes 8 de diciembre a su punto crítico, luego de que la plataforma Compras MX mostrara en blanco —y en ceros— los campos obligatorios de la propuesta económica de Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., un hecho que encendió alertas en plena recta final.
Este año, el procedimiento consolidado convocado por la Secretaría de Hacienda llegó con cambios de alto impacto. La subasta inversa, utilizada durante seis años y famosa por permitir “duelos” de ofertas en tiempo real, fue eliminada. En su lugar se impuso un esquema de “oferta única”, donde cada participante solo puede lanzar una sola apuesta económica, sin oportunidad de corregir ni ajustar nada. Una jugada que elevó la tensión y dejó a todos los competidores sin margen de maniobra.
La autoridad fijó además un descuento inicial obligatorio del 2.75%, que redujo el monto base de 10 mil 337 millones 990 mil pesos a un “Precio Máximo de Referencia” de 10 mil 053 millones 695 mil pesos.
De acuerdo con los documentos consultados por este medio, únicamente dos empresas compitieron en el procedimiento: Broxel, que presentó una oferta con un un descuento del 3.01%, y Toka Internacional, que registró una rebaja del 2.84%. Sin embargo, en el apartado de la plataforma donde debían capturarse los montos oficiales de la propuesta (precio unitario, importe sin impuestos e importe total), Broxel dejó los campos en ceros, pese a que ese registro es obligatorio y debe coincidir con la oferta económica presentada en formato PDF.
Una situación similar ya se había presentado en un proceso consolidado previo, cuando un licitante fue declarado ganador pese a que los campos económicos obligatorios también aparecían en ceros. Ese antecedente, según fuentes del sector, generó dudas entre competidores sobre el criterio que aplicará la autoridad al momento de emitir el fallo.
Otro cambio destacado es la reducción del plazo para entregar las tarjetas electrónicas, que pasó de 10 días hábiles a cinco días naturales para este año. La posible adjudicación a Broxel podría implicar un riesgo operativo para la administración federal, debido a que el proceso exige la entrega de 800 mil tarjetas en un plazo de cinco días naturales en más de 2,100 puntos del país. Se trata de un reto logístico de alta complejidad que requiere de una capacidad de distribución sostenida, elementos que la empresa no ha demostrado en procesos de esta escala.
A ello se suma la presión financiera que implica adelantar recursos por más de 10 mil millones de pesos en un periodo muy reducido. Aunque la firma ha participado en proyectos relevantes, actualmente sostiene compromisos de gran volumen, como los vales de despensa del Gobierno de la Ciudad de México y otros procesos federales recurrentes, que en conjunto representan varios miles de millones de pesos. Financiar simultáneamente este nuevo proceso podría meter tensión en su liquidez y elevar el riesgo de incumplimiento.
Las fuentes consultadas advierten que una falla en la entrega o dispersión de estos apoyos tendría un impacto inmediato sobre cientos de miles de trabajadores federales que esperan sus vales de despensa de fin de año, además de generar afectaciones operativas en más de 200 dependencias gubernamentales.
Especialistas advierten que los tiempos tan reducidos incrementan la posibilidad de errores en la personalización, distribución y activación de las tarjetas. En un proceso de esta escala, cualquier desajuste puede derivar en reclamaciones masivas, costos adicionales para la autoridad y un deterioro en la confianza institucional.
