La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno revisar denuncias relacionadas con la licitación pública nacional LA-06-400-006400001-N-19-2025, correspondiente al suministro de vales electrónicos de despensa para trabajadores federales. El procedimiento concluyó con la adjudicación de un contrato superior a los 10 mil millones de pesos.
El fallo, emitido el 8 de diciembre, favoreció a la empresa Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V.; sin embargo, el registro económico de su propuesta en la plataforma Compras MX presenta inconsistencias. En el proceso consolidado de este año, la autoridad modificó las reglas, eliminó la subasta inversa y estableció un esquema de oferta única.
Durante la conferencia matutina del miércoles 10 de diciembre, Sheinbaum pidió a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Anticorrupción revisar el caso y verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la licitación.
“Pedimos ahí a Raquel Buenrostro que pueda revisar, pero cuando se hace una licitación, sea para vales o para compra de papel, sobre todo las compras consolidadas, que es la mayoría de las compras que se hacen del gobierno, porque eso disminuye los costos…así cada secretaría hiciera su licitación, hay reglas muy específicas que deben cumplir todas las empresas y si hay una queja, pues que la revise la secretaría correspondiente”, expresó la mandataria.
De manera paralela, existen al menos dos denuncias presentadas ante la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, documentos a los que este medio tuvo acceso. En esos escritos se señalan fallas técnicas y riesgos operativos que, según los promoventes, comprometen la legalidad del procedimiento y la viabilidad de la adjudicación.
Uno de los documentos sostiene que Broxel dejó en ceros los campos obligatorios de precios e importes dentro de Compras MX. El escrito advierte que esa omisión debía derivar en el desechamiento automático de la propuesta por la falta de congruencia entre el archivo PDF y la plataforma certificadora.
Otra denuncia alerta sobre riesgos en la entrega de los vales. El texto recuerda que en 2021 la empresa no acudió a firmar un contrato ganado para trabajadores de CAPUFE, situación que provocó retrasos y obligó a reasignar la partida. En el proceso actual, el plazo de entrega se redujo de 10 días hábiles a cinco días naturales para distribuir 800 mil tarjetas en más de 2 mil 100 puntos del país, lo que, de acuerdo con especialistas, representa una exigencia logística elevada. En ambos casos, los promoventes solicitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisar y anular el fallo de la compra consolidada.
