La revisión del proceso de licitación de vales electrónicos de despensa motivó que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno un informe, luego de señalamientos que cuestionan tanto la entrega oportuna de la prestación como las condiciones económicas fijadas en el fallo.
Al abordar el tema en su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo se refirió a alertas por problemas en la distribución de tarjetas, entre ellos retrasos recientes detectados en el ISSSTE y otras dependencias, que podrían impactar la dispersión de este apoyo de fin de año.
La adjudicación correspondiente al procedimiento LA-06-400-006400001-N-19-2025 recayó en Servicios Broxel con una bonificación total de 5.76 por ciento, integrada por el descuento de referencia de 2.75 por ciento establecido por la Secretaría de Hacienda y el 3.01 por ciento ofrecido por la empresa, esquema que implicaría un ahorro cercano a 600 millones de pesos para el gobierno federal, de acuerdo con estimaciones oficiales.
En ese mismo espacio, se denunció que la valera habría argumentado que la bonificación total aprobada en el fallo no es viable como modelo de negocio y que únicamente podría aplicar el descuento del 3.01 por ciento, lo que abrió cuestionamientos sobre el respeto a las condiciones originalmente avaladas en la licitación.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum pidió a Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, o en su caso a la Subsecretaría de Egresos, informar este martes sobre el estado que guarda la revisión del proceso y las determinaciones que se adopten.
Uno de los contratos con mayor impacto presupuestal al cierre del ejercicio fiscal es este, cuyo monto asciende hasta 10 mil 300 millones de pesos y que forma parte de la compra consolidada de vales de despensa para cerca de 700 mil trabajadores de 224 dependencias federales.
Las denuncias que detonaron la revisión señalan presuntas inconsistencias técnicas en la licitación, riesgos en los plazos para la dispersión de 724 mil tarjetas en más de 2,200 puntos del país y dudas en el cumplimiento de las condiciones económicas previstas en el fallo.
