Para atender las demandas de los trabajadores mineros y las comunidades afectadas por el derrame del río Sonora, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó este martes 23 de diciembre el Plan de Justicia para Cananea. Se trata de un acuerdo histórico que pone fin a un conflicto laboral y ambiental de 18 años, mediante acciones concretas en salud, medio ambiente y bienestar social.
Entre los principales elementos del plan, se destaca la construcción del Hospital Regional de Ures, que contará con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, y un centro de salud renal. Además, se incluirá un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología, para atender tanto a los trabajadores mineros como a la población local.
Rosa Icela Rodríguez reconoció: “Estamos hoy en un acto histórico, porque hoy terminan 18 años, largos años de lucha”
Se contempla también la construcción de 16 plantas potabilizadoras para mejorar la calidad del agua en la región. Además, se instalarán estaciones de monitoreo y se adecuarán las plantas existentes, para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y el restablecimiento del ecosistema en el río Sonora. Conagua será la encargada de llevar a cabo estos proyectos.
El gobierno federal ha destinado un total de 2 mil 222.6 millones de pesos para la implementación del plan. De esta cantidad, Grupo México aportará 1,500 millones de pesos, el Gobierno federal contribuirá con 483.6 millones de pesos, y el estado de Sonora aportará 180 millones de pesos. Además, se creará un fondo social para que los trabajadores mineros y sus viudas reciban recursos directamente, sin intermediarios.
El plan forma parte de una estrategia más amplia lanzada en 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció la deuda histórica con la región y lanzó un plan para abordar los problemas de justicia social y ambiental.
Además de las acciones en salud y medio ambiente, el Plan de Justicia para Cananea incluye la creación de un laboratorio regional especializado en calidad del agua y un sistema de monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. Este acuerdo marca un avance significativo en la restitución de derechos a las comunidades afectadas por el conflicto laboral y ambiental.
En la presentación del plan estuvieron presentes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y varios funcionarios clave del gobierno federal, entre ellos la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy, el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, y el director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales.
