Por Maribel Islas
El PAN en San Lázaro informó que amplió la denuncia presentada el pasado 6 de enero, por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, tragedia que cobró la vida de 14 personas y dejó decenas de lesionados.
La diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado exigió una investigación exhaustiva, independiente y sin encubrimientos , toda vez que no puede explicarse como un hecho fortuito, sino como consecuencia de negligencias graves, decisiones irresponsables y un manejo opaco de los recursos públicos.
La legisladora advirtió que no se puede normalizar la pérdida de vidas humanas ni defender lo indefendible.
Subrayó que cuando una obra pública falla y cobra vidas, el Estado tiene la obligación constitucional y moral de investigar hasta las últimas consecuencias, deslindar responsabilidades y garantizar que hechos de esta gravedad no se repitan.
Recalcó que en Acción Nacional no se denuncia por consigna, sino porque la mala supervisión gubernamental y el uso indebido del dinero público pusieron en riesgo la vida de las personas.
En este contexto, informó que su grupo parlamentario amplió formalmente la denuncia presentada el pasado 6 de enero, originalmente interpuesta por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, fallas de supervisión y omisiones graves en la operación del proyecto.
La ampliación incorpora nuevos hechos, datos de prueba y elementos técnicos que no habían sido considerados inicialmente y que fortalecen la exigencia de responsabilidades administrativas y penales. “Acción Nacional dejó claro que no se trata de un simple seguimiento, sino de una aportación continua de información para evitar la impunidad”.
Recordó que el proyecto del Corredor Interoceánico acumuló al menos 14 auditorías y revisiones con observaciones técnicas relevantes que fueron ignoradas por el gobierno federal, mientras se mantenía la operación con infraestructura obsoleta y trenes con más de cinco décadas de antigüedad.
Incluso, el tramo donde ocurrió el descarrilamiento había sido intervenido apenas días antes del accidente, pese a que se destinaron miles de millones de pesos a
supuestas correcciones y trabajos de modernización.
Asimismo, advirtió que la tragedia se agrava por la forma en que el proyecto fue ejecutado bajo un esquema de militarización, al ser entregado a las Fuerzas Armadas, lo que redujo los controles civiles, limitó la transparencia, debilitó los mecanismos de fiscalización y diluyó las responsabilidades administrativas y operativas.
