El aseguramiento de cerca de mil perros y gatos del Refugio Franciscano en la alcaldía Cuajimalpa, el pasado 7 de enero, levantó la voz de organizaciones protectoras y ciudadanos, quienes demandaron al Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) facilitara el acceso a los lugares a donde fueron trasladados, para conocer el estado físico y las condiciones en las que se encuentran estos seres sintientes.
Si bien el operativo realizado por las autoridades capitalinas obedece a una denuncia por maltrato y mala alimentación, la acción ocurre en medio de una disputa entre el Refugio Franciscano A.C. -entidad sin fines de lucro que asilaba animales en abandono y que posee el predio en comodato- y la Fundación Antonio Haghenbeck, que denunció y reclama la propiedad.
Según Reporte Índigo, la Fundación Antonio Haghenbeck vendió en 2020 las más de 16 hectáreas de terreno, el cual obtuvo el cambio de uso de suelo para la construcción de viviendas. Esto ha generado interpretaciones sobre posibles irregularidades para favorecer el despojo del Refugio.
En el desalojo participaron, de acuerdo al secretario de Seguridad Ciudadana, 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de Tránsito y de la Policía Metropolitana, a quienes se les vio en las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación, trasladar a los animales en camiones de carga, camionetas y jaulas, sin protocolos de protección y seguridad, poniéndolos en riesgo.
Estos hechos plantean los siguientes cuestionamientos:
Primero: ¿por qué las autoridades capitalinas, hasta este miércoles 21 de enero, no habían permitido a los integrantes del Refugio Franciscano ingresar a los tres espacios de resguardo para verificar la salud de todos los animales?
Las instituciones responsables solo se habían limitado a informar, siendo este mismo miércoles 21 cuando las titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y de Salud señalaron que, de los 858 perros trasladados, 171 presentan salud delicada y seis fallecieron. Mencionaron, además, que habilitarán un micrositio para informar la condición de cada “franciscanito”, como ya se les conoce.
Segundo: ¿por qué las autoridades no verificaron la operatividad del Refugio Franciscano con anterioridad? Recordemos que el 19 de diciembre de 2024 la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó su Plan Integral de Bienestar Animal, comprometiéndose a implementar “nuevas medidas y estrategias enfocadas en la prevención y combate del maltrato, así como el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y rescate”. Entonces, ¿este Gobierno no cumple con sus planes de trabajo? ¿Sus acciones son solo narrativa y discurso?
Tercero: ¿por qué siempre tiene que registrarse un hecho que focalice la atención pública para que actúen las autoridades? En la presentación del Plan mencionado se dijo que se impulsarían “iniciativas legislativas para la protección de animales y garantizar el cumplimiento de las leyes contra el maltrato”, atribución que corresponde a la jefa de Gobierno de acuerdo al Artículo 8 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México.
Y fue hasta este martes 20 de enero cuando Clara Brugada anunció que entregaría al Congreso local una propuesta con los siguientes seis puntos para regular los albergues (es decir, más de un año después):
1. Definir qué es un albergue para animales, así como establecer sus diferencias, características y condiciones espaciales.
2. Crear un padrón de albergues existentes con el fin de contar con un registro y mayor control.
3. Fijar las condiciones mínimas de operación conforme a los cinco dominios establecidos en la Ley de Protección y Bienestar de los Animales: nutrición adecuada, ambiente óptimo, cuidado de la salud, espacio para garantizar el comportamiento natural y estado mental de los animales.
4. Delimitar los perímetros en los que sería viable la operación de albergues.
5. Diseñar mecanismos de supervisión y verificación de las condiciones en las que operan estos espacios.
6. Establecer rutas mediante las cuales el Gobierno pueda brindar apoyo a los albergues.
El Plan de Integral de Bienestar Animal estableció también la creación de una Fiscalía Especial contra el Maltrato Animal, pero actualmente solo opera la Agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal.
Bajo este contexto, según lo publicado por el periódico La Jornada, en la CDMX se estima que hay cerca de 1.2 millones de perros en situación de calle. Sería importante conocer qué acciones implementará el Gobierno capitalino para ayudar y proteger a estos seres, porque necesitamos autoridades proactivas y no reactivas.
Hoy, una disputa legal tomó como rehenes a los “franciscanitos” y puso en el centro de la discusión cómo protegerlos y defenderlos. El bienestar animal no puede quedarse en el papel de un plan integral ni en la narrativa, porque la justicia para los “franciscanitos” no puede esperar. El Gobierno de la Ciudad de México está obligado a demostrar que su prioridad sí son los seres sintientes.
