La inconformidad por el aumento a la tarifa del transporte público en Guadalajara derivó este domingo en una movilización multitudinaria contra el nuevo esquema de pago ligado a una tarjeta operada por la empresa financiera Broxel, a la que usuarios y colectivos señalan como la principal beneficiaria del ajuste. La tarifa pasó de 9.50 a 14 pesos, con una modalidad preferencial condicionada al uso del plástico.
La marcha, convocada por la Asamblea Popular contra el Tarifazo y otras organizaciones, avanzó desde la glorieta de la Minerva hasta Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Durante el recorrido, los manifestantes expresaron su rechazo al incremento y anunciaron la presentación de recursos legales para frenar la medida. Se trató de la segunda protesta del fin de semana, luego de otra movilización registrada el sábado desde el parque Revolución hacia el centro de la ciudad.
Uno de los principales señalamientos se centra en que la tarifa preferencial de 11 pesos solo se obtiene mediante la tarjeta vinculada a Broxel, lo que obliga a los usuarios a registrarse y proporcionar datos personales, biométricos y de geolocalización. Colectivos advirtieron que este requisito convierte al transporte público en un mecanismo de captación masiva de información y potenciales clientes para servicios financieros.
De acuerdo con el contrato, cada tarjeta activa representa un pago mensual de 5.45 pesos por parte del gobierno estatal. En caso de alcanzarse la meta de cinco millones de personas afiliadas al subsidio, el gasto anual superaría los 327 millones de pesos únicamente por la operación del sistema. A ello se suma la posibilidad de que la empresa ofrezca productos como transferencias, remesas y pagos de servicios a la misma base de usuarios.
Organizaciones ciudadanas denunciaron que, además del costo indirecto por tarjeta, los usuarios entregan información sensible como nombre, domicilio, fotografía, identificación oficial y firma, con el riesgo adicional de cargos por reposición del plástico o uso de servicios financieros. A su juicio, este modelo crea una relación de clientela cautiva alrededor de un servicio público esencial.
En el ámbito legislativo, el Congreso de Jalisco exhortó al gobernador Pablo Lemus a vetar el aumento tarifario y revisar los criterios técnicos y financieros que lo sustentan. También solicitó un referendo ciudadano y la creación de una comisión especial para auditar el servicio de transporte y el contrato con Broxel. En paralelo, el 26 de enero ciudadanos presentaron cerca de 5 mil 900 firmas ante el Instituto Electoral de Jalisco para solicitar un plebiscito; sin embargo, el IEPC indicó que la decisión recaerá en el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.
