La continuidad de las estructuras de outsourcing vinculadas a Raúl Beyruti es lo que sugieren fuentes periodísticas, empresariales y de inteligencia, pese a la ofensiva judicial en su contra. En lugar de marcar un cierre, esa información apunta a que los esquemas se reacomodaron y operaron mediante figuras del entorno más inmediato del empresario.
De forma reiterada, distintos reportes mencionan a Alejandro Arai como operador con experiencia en el diseño de mecanismos financieros y fiscales dirigidos a empresas de diversos tamaños. Según esas fuentes, su actividad se remontaría al sexenio de Felipe Calderón, periodo en el que comenzó a consolidar relaciones dentro del mundo corporativo y fiscal.
Las reuniones con empresarios a las que acudían juntos Beyruti y Arai forman parte de testimonios obtenidos por este medio, que indican que Arai integró el círculo de confianza del empresario. En esos encuentros ofrecían servicios de asesoría fiscal, una práctica identificada durante años con esquemas agresivos de subcontratación, en momentos en que ya se perfilaba un mayor escrutinio de autoridades hacendarias sobre sus operaciones.
Miami, Florida, aparece en el relato de una fuente que solicitó el anonimato por temor a represalias, al referir que Alejandro Arai habría viajado en diversas ocasiones a esa ciudad durante el periodo en que la justicia mexicana intensificó las acciones contra Beyruti. En esas visitas, habría sostenido encuentros con el empresario y su familia. “Arai es quien hereda la operación de Beyruti. Si las autoridades revisaran los viajes y las conexiones financieras entre ellos, podrían entender mejor cómo se mantuvieron estos esquemas”, afirmó la fuente.
Pese a los cambios legales y administrativos impulsados por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para combatir el outsourcing irregular, personas cercanas a estos grupos empresariales sostienen que la actividad no se interrumpió. Por el contrario, aseguran que los operadores ofrecieron certidumbre a sus clientes, al aludir a supuestos vínculos en áreas estratégicas como la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera.
En registros mercantiles, el nombre de Alejandro Arai figura como socio de Ernesto Mizrahi en Armisa Centro de Negocios. Mizrahi es propietario de Blindajes EPEL, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de vehículos blindados que ha sido señalada en investigaciones por presuntas irregularidades financieras y administrativas.
De 2019 a 2024, las revisiones incluyen el análisis de operaciones con grandes volúmenes de efectivo que, presuntamente, no habrían sido reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria. Esa situación podría derivar en señalamientos por evasión fiscal o lavado de dinero. En poco más de una década, Blindajes EPEL obtuvo contratos de alto monto con distintas instancias gubernamentales, tanto estatales como federales.
Un conflicto reciente se suma al contexto; el que involucra a Mizrahi con el líder sindical Pedro Haces y con su hijo, el diputado Pedro Haces Lago. Versiones difundidas en el entorno empresarial atribuyeron a la familia Haces presuntos actos contra instalaciones de la blindadora; sin embargo, hasta ahora no se tiene conocimiento de denuncias formales que respalden esos señalamientos, por lo que el episodio permanece sin sustento jurídico.
Con estos antecedentes, fuentes consultadas señalan que autoridades fiscales y judiciales evalúan profundizar las investigaciones relacionadas con Raúl Beyruti y Alejandro Arai. Personas cercanas a ambos sostienen que las fortunas que amasaron se construyeron mediante esquemas financieros complejos, cuyas conexiones y flujos de recursos aún no han sido plenamente esclarecidos.
