Dos comunicados emitidos recientemente por la pedrera Matrimar, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, acusan al gobierno de Nuevo León de incurrir en una “extorsión disfrazada de acoso institucional”. De acuerdo con la empresa, el conflicto surgió tras la reapertura legal de sus instalaciones, lo que permitió reactivar sus actividades productivas y beneficiar a 500 familias de la región.
Pese a contar con dicha reapertura, Matrimar sostiene que el gobierno estatal intentó clausurar sus instalaciones durante la madrugada, luego de que la empresa se negara a realizar un pago que considera irregular. En sus comunicados, también rechaza las acusaciones relacionadas con pozos clandestinos y tomas ilegales de agua, y afirma que ha sido auditada por autoridades ambientales federales y estatales sin que se detectaran irregularidades.
“Matrimar no cederá ante intentos institucionales de exigir pagos millonarios en efectivo al margen de la ley, conductas que están siendo perseguidas penalmente en el país”, afirmó la empresa en uno de los comunicados difundidos.
El conflicto se intensificó, según la empresa, tras la imposición del denominado “impuesto verde” en la Ley de Ingresos 2022, un gravamen que impacta las emisiones contaminantes, las descargas de agua y la extracción de materiales pétreos como la piedra caliza, actividad central para las pedreras. Matrimar señala que ha sido uno de los principales afectados por este impuesto, pese a cumplir con auditorías fiscales y ambientales.
En Nuevo León, el “impuesto verde” ha generado controversia. Durante 2024, la recaudación por la extracción de materiales pétreos ascendió a 1,162 millones de pesos; sin embargo, el destino específico de esos recursos no se encuentra claramente desglosado en informes públicos.
La administración de dichos fondos ha estado a cargo de la Secretaría de Finanzas, sin detallar cuánto se asigna a proyectos ambientales concretos. En entrevistas realizadas en 2024, el entonces secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, mencionó acciones generales como la plantación de árboles, labores de limpieza en el río Pesquería o una inversión de 23 millones de pesos en plazas y camellones, aunque reconoció no contar con cifras exactas ni con proyectos específicos. Desde entonces, diputados del PAN y del PRI han solicitado informes detallados y han señalado falta de transparencia.
Empresas del sector extractivo han señalado que las inspecciones y sanciones responden más a una lógica recaudatoria que a criterios estrictamente ambientales. Fuentes empresariales consultadas describieron el contexto como un “asedio institucional” y vincularon el endurecimiento de medidas fiscales con la necesidad de obtener recursos para proyectos de infraestructura asociados al Mundial de Fútbol 2026, del cual Nuevo León será sede.
Estas denuncias se producen en un entorno de creciente preocupación por las políticas fiscales del gobierno estatal. En diciembre de 2025, más de 60 cámaras y asociaciones del sector privado de Nuevo León, entre ellas COPARMEX Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, se unieron para rechazar el aumento propuesto al Impuesto Sobre Nómina (ISN).
El incremento del ISN, del 3% al 4%, aprobado en el Paquete Fiscal 2026, fue calificado por el sector empresarial como un golpe a la competitividad y una amenaza para los empleos formales en el estado. Jorge Santos Reyes, presidente de Caintra Nuevo León, advirtió que la medida afectaría de manera particular a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al elevar los costos laborales y limitar las posibilidades de contratación.
“En este contexto adverso, los incrementos impositivos significan menos empleos, más informalidad y menor capacidad de crecimiento. El empleo formal es la principal fuente de movilidad social y bienestar para las familias nuevoleonesas”, subrayó Santos en un comunicado conjunto del sector empresarial.
A este panorama se suman señalamientos del sector transporte. A inicios de enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció abusos por parte de elementos de tránsito municipal en diversas zonas del estado, al asegurar que prácticas de extorsión han provocado pérdidas económicas millonarias para los transportistas.
