Más de 11 millones de pesos en contratos de insumos médicos adjudicados a una empresa considerada fantasma forman parte de la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante una jueza federal contra Javier Tapia Santoyo, ex secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), por hechos ocurridos cuando era tesorero del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Tras una serie de presuntos actos de corrupción, esta causa se convirtió en la primera de varias investigaciones abiertas en su contra y derivó en su destitución del IPN el año pasado, decisión adoptada por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En el expediente penal, autoridades judiciales señalaron que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción judicializó la carpeta FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019 en contra de Tapia Santoyo y otros dos ex funcionarios del ISSSTE, a quienes se atribuye el delito de uso ilícito de atribuciones.
Durante la audiencia inicial del 27 de febrero, celebrada en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Oriente, la jueza Patricia Sánchez Nava escuchó que los fiscales detallaron la adjudicación, en 2018, de tres contratos a Interacción Biomédica por un total de 11 millones 147 mil pesos, aun cuando la empresa ya figuraba desde un año antes en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como simuladora de operaciones.
En la ruta del procedimiento, se precisó que esta es la segunda ocasión en que la FGR presenta los cargos, después de que la carpeta fuera devuelta previamente para subsanar aspectos normativos.
Sobre el plazo constitucional, la defensa del ex funcionario solicitó su duplicidad para definir su situación jurídica, por lo que será el 4 de marzo cuando se determine si queda vinculado a proceso.
A diferencia de esa petición, María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño resolvieron no ampliar el plazo. La jueza estimó que existían datos de prueba suficientes para vincularlos a proceso por el mismo delito y les impuso la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente.
En relación con los cargos administrativos, se informó que Arellano Sesmas se desempeñaba, al menos hasta octubre, como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y que a principios de febrero también fue vinculada a proceso Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de Interacción Biomédica, por su presunta participación en el esquema.
Desde el ámbito de la sociedad civil, en diciembre de 2023 la organización TOJIL dio a conocer la investigación “Clan Biomédica”, en la que documentó presuntos vínculos contractuales y empresariales entre Tapia Santoyo y una red de 84 empresas fachada encabezada por Interacción Biomédica S.A. de C.V., señalada como una de las simuladoras que más recursos públicos habría recibido, con más de 3 mil 300 millones de pesos.
Con base en esa indagatoria, las adjudicaciones a empresas de dicha red habrían iniciado durante su paso por el ISSSTE y continuado posteriormente desde el IPN.
Adicionalmente, se informó que en 2022 la FGR abrió una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito y otra por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita; sin embargo, el ex funcionario se mantuvo en el cargo hasta 2025, cuando fue removido tras nuevas indagatorias por irregularidades.
