Por Rita Magaña Torres
El Senado recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 127 de la Constitución, con el objetivo de terminar con las pensiones millonarias que actualmente perciben exaltos funcionarios del gobierno federal.
Es de mencionar que el pasado 18 de febrero, la mandataria federal anunció el envío de esta propuesta para eliminar lo que calificó como privilegios injustificados que durante años han representado un gasto oneroso para el erario.
La iniciativa presidencial establece un límite de 70 mil pesos mensuales a jubilaciones y pensiones de quienes ocuparon cargos de confianza en la administración pública federal, especialmente en Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banco Nacional de Comercio Exterior y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
Según el proyecto, las pensiones de exfuncionarios de alto nivel no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la o em titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, la presidenta o el presidente en funciones.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la propuesta fue recibida por la Mesa Directiva y será turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos para su dictaminación.
“El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más que el 50 por ciento de lo que gana la Presidenta de la República en sus pensiones, es decir, que no ganen más de 70 mil pesos mensuales”, explicó.
Castillo destacó que la reforma busca generar justicia y un ahorro estimado de cinco mil millones de pesos anuales, recursos que, señaló, podrían destinarse a programas sociales.
La legisladora de Morena subrayó que el ajuste aplicará exclusivamente a ex altos mandos de confianza que, pese a haber ocupado cargos por periodos cortos, reciben jubilaciones desproporcionadas con cargo a recursos públicos.
Aclaró que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni a quienes cuentan con pensiones por contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, cuyos derechos están protegidos por la ley.
Una vez que las comisiones elaboren el dictamen, el cual será sometido a consideración del pleno senatorial para su discusión y, en su caso, aprobación.
Al tratarse de una reforma constitucional, también requerirá mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.
Castillo aseguró que el tema, “tan sentido para la población”, será atendido con responsabilidad y de cara a la nación por parte del órgano legislativo.
