La vulnerabilidad del campo mexicano ha quedado al descubierto ante el incremento sostenido en los costos de producción, un fenómeno que golpea tanto a las familias productoras como a los consumidores.
Con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), al cierre de marzo el precio de frutas y verduras registró un incremento anual del 21.77%, siendo el jitomate el de mayor aumento: 42% en el mes y un asombroso 200% en comparación con 2025, reflejo de una presión inflacionaria cada vez más persistente en alimentos.
Uno de los factores estructurales detrás de esta vulnerabilidad, es la alta dependencia a los fertilizantes que provienen del exterior. De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), México importa el 75% de esos insumos, cuyos precios se dispararon consecuencia del conflicto en Medio Oriente, exponiéndolo a la volatilidad de los mercados internacionales.
Tan solo el precio de la urea -derivado del gas natural para la producción de fertilizantes nitrogenados- se disparó en un 57% en apenas un trimestre, pasando de 415.4 en enero a 725.6 dólares por tonelada al cierre de marzo, según el último reporte de The Pink Shee del Banco Mundial.
Dado que el 35% de la oferta global se produce en la zona del conflicto y transita por el Estrecho de Ormuz, el repunte de precios es una consecuencia inevitable. Actualmente los fertilizantes representan entre el 30% y el 40% del costo total de producción de frutas, verduras y granos.
A este escenario se suma el aumento en el precio del diésel, que impacta en la producción y logística de distribución agrícola, obligando al sector a anticipar sus gastos para asegurar la siembra del próximo ciclo (abril-mayo), generando una presión en el alza de sus productos, afectando el poder adquisitivo de las familias e inhibiendo el consumo.
Si bien el Gobierno Federal acordó con el sector gasolinero mantener el diésel por debajo de los 28.30 pesos e incrementó en un 81% el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) -5.9791 pesos por litro-, lo que implica una presión fiscal al consumirse cerca de 45 millones de litros diarios, la realidad en las estaciones de servicio es otra. El combustible hoy ronda los 28.70 pesos por litro, dos pesos más caro que en febrero, ignorando de facto el acuerdo establecido con el Ejecutivo.
A esa vulnerabilidad se suma la implementación gradual del programa Fertilizantes para el Bienestar, que distribuye gratuitamente este insumo a pequeños y medianos productores. A la fecha solo ha entregado apoyos en cinco estados: Baja California Sur, Coahuila, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Para este 2026 cuenta con un presupuesto de 18,200 millones de pesos para atender a más de 2.15 millones de beneficiarios, debiendo otorgar hasta 300 kilos por hectárea o 600 kilos por productor. Sin embargo, el encarecimiento de los fertilizantes implica que con los mismos recursos podría adquirirse un menor volumen, lo que abre la posibilidad de ajustes al correrse el riesgo de una posible reducción en la cobertura o en la cantidad entregada a cada productor.
En suma, el campo mexicano enfrenta una combinación compleja de factores globales y nacionales que limitan su rentabilidad y crecimiento. Los apoyos para el sector resultan insuficientes frente a un rezago estructural histórico.
Bajo este contexto, es previsible una mayor presión sobre los precios de los alimentos, lo que no solo impacta la inflación general, sino que también plantea riesgos para la seguridad alimentaria del país.
Es por ello que atender este desafío requiere medidas que vayan más allá de la contención de precios en el corto plazo. Es necesario impulsar una estrategia que resuelva su problema estructural, orientada a fortalecer la productividad, reducir la dependencia externa de insumos y fomentar la inversión en el sector.
El comportamiento de los precios en los próximos meses será determinante, no solo para la estabilidad económica, sino para el bienestar de millones de hogares mexicanos.
