En Eloxochitlán de Flores Magón, donde predomina la incertidumbre, los hechos violentos ocurridos en la Sierra Mazateca de Oaxaca vuelven al centro del debate a casi doce años, tras una resolución de un Tribunal Colegiado que revive el impacto en la familia de Elisa Zepeda Lagunas y pone en duda el acceso a la justicia para las víctimas.
En entrevista con Proceso, sobre el criterio judicial actual, la también diputada local advirtió que carece de perspectiva de género y omite la gravedad de los delitos cometidos en diciembre de 2014, al referirse al asesinato de su hermano Manuel Zepeda y de Gustavo Estrada, así como a las agresiones físicas graves y la tentativa de feminicidio contra ella y su madre.
Tras ese fallo, la liberación de Miguel Ángel Peralta, uno de los sentenciados, aparece como el punto de conflicto, frente a lo cual Zepeda afirmó que los magistrados privilegian una lectura de “especificidad cultural” por encima de un análisis integral de los homicidios y de las tentativas de feminicidio, lo que introduce, a su juicio, un sesgo que favorece la impunidad.
Mientras se sostiene una disputa de narrativas, los sentenciados y sus defensas han insistido en presentarse como “presos políticos”, ante lo cual la víctima indicó que se trata de una estrategia que distorsiona los hechos y busca respaldo social a partir de la identidad indígena de los involucrados, entre quienes aparecen figuras ligadas al PRI como el exalcalde Alfredo Bolaños y Jaime Betanzos.
Sin vínculo con cargos públicos, Zepeda recordó que la agresión de 2014 ocurrió cuando su actividad se centraba en el trabajo comunitario y la defensa de los derechos de las mujeres, un liderazgo que confrontó estructuras de control locales y detonó la represalia.
En el entorno digital, campañas de difamación fueron denunciadas por la legisladora como intentos por erosionar su credibilidad, prolongando la violencia política iniciada hace una década ahora mediante herramientas digitales.
Con cautela, en medio de la incertidumbre, habitantes de Eloxochitlán observan las decisiones judiciales ante el riesgo de que la falta de sentencias firmes aliente nuevos episodios de violencia en una comunidad que no olvida.
Bajo la protección de derechos procesales y un enfoque intercultural, el Tribunal Colegiado sustenta su postura, mientras la representación de las víctimas sostiene que la pertenencia a un pueblo indígena no exime de responsabilidad en delitos graves como tortura y homicidio, planteando un equilibrio entre garantías del acusado y protección a las víctimas.
“A mí quisieron matarme”, afirmó Elisa Zepeda al insistir en la solidez de las pruebas, y recordó que los primeros detenidos transportaban el cuerpo de su hermano en un vehículo oficial, por lo que exigió que los hechos se valoren con objetividad y no en lecturas políticas.
En esta fase, el caso entra en una revisión técnica donde las víctimas buscan un análisis de fondo sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas hace casi 12 años, así como que no sean ignoradas las voces de las víctimas indirectas, en especial la esposa e hijas de Manuel Zepeda.
