La reforma judicial debe contemplar un filtro técnico mediante un examen de conocimientos para las personas que aspiren a cargos de juezas, jueces y magistrados, propuso Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde su más reciente columna, el jurista advirtió que el modelo de elección popular de personas juzgadoras necesita complementarse con instrumentos que permitan revisar la idoneidad de los perfiles. Señaló que modificar la carrera judicial no significa dejar de exigir formación, experiencia y ética profesional a quienes buscan impartir justicia.
El dominio del Derecho y la especialización son condiciones propias de la función judicial, sostuvo De la Mata Pizaña, al diferenciarla de los cargos de elección política en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Bajo ese criterio, planteó que las personas aspirantes acrediten al menos una evaluación general de conocimientos antes de participar en una contienda por el voto ciudadano.
Para la operación del examen, el magistrado propuso que la Escuela Nacional de Formación Judicial sea la instancia encargada de aplicarlo. Su diseño, en cambio, quedaría a cargo de una comisión conformada por representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal de Disciplina Judicial, con el propósito de evitar concentración de funciones y garantizar un procedimiento estrictamente técnico.
Además del examen, De la Mata Pizaña consideró necesario establecer mecanismos de impugnación independientes. También propuso reconocer la experiencia previa de quienes ya han desempeñado funciones jurisdiccionales, ya sea mediante puntajes adicionales o criterios de preferencia en escenarios de empate.
La incorporación de este filtro, de acuerdo con el magistrado, permitiría fortalecer la legitimidad de las personas juzgadoras al unir el respaldo popular con una validación profesional. También favorecería una justicia más sólida y especializada, y reduciría la posibilidad de que sean electos perfiles sin preparación adecuada.
En su planteamiento final, sostuvo que la elección popular de juzgadores no se contrapone con la exigencia de estándares técnicos elevados. La inclusión de evaluaciones, afirmó, sería una vía para perfeccionar el modelo de reforma judicial en México
