Decenas de autobuses de origen chino permanecen almacenados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en medio de una controversia comercial que ha generado atención dentro de la industria automotriz. De acuerdo con versiones difundidas en distintos reportes periodísticos, el caso estaría relacionado con un presunto adeudo cercano a los 300 millones de pesos vinculado a la operación financiera de las unidades.
La situación salió a la luz a partir de diversos reportes periodísticos que ubican a las empresas Sunwin de México y Grupo Loialt dentro de la operación comercial de las unidades. De acuerdo con la información difundida, parte de los vehículos habría sido adquirida bajo esquemas de financiamiento que no lograron concretar su ciclo de pago.
Mientras la controversia permanece sin una explicación pública por parte de los involucrados, las unidades siguen sin incorporarse al mercado. Las versiones disponibles señalan que la falta de liberación ha provocado retrasos en la entrega de autobuses comprometidos con distintos clientes.
A la incertidumbre comercial se suman daños materiales. Los reportes refieren que alrededor de 50 unidades sufrieron afectaciones por inundaciones durante el tiempo que permanecieron resguardadas en el puerto, mientras que otros autobuses continúan pendientes de pago y liberación.
El caso también ha colocado nuevamente en el foco al empresario José Ramón Abraham Matuk, cuyo nombre ha sido relacionado con las compañías mencionadas en distintas publicaciones. Su actividad empresarial se ha desarrollado en sectores vinculados con la venta, arrendamiento y blindaje de vehículos.
Abraham Matuk también ha aparecido en investigaciones periodísticas sobre redes empresariales vinculadas al entorno de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. Asimismo, diversas versiones lo han mencionado en relación con investigaciones derivadas de un operativo realizado en marzo pasado en Azcapotzalco.
Durante ese operativo, autoridades aseguraron vehículos con modificaciones de blindaje, unidades de transporte foráneo y placas con reporte de robo. Hasta ahora no existe información pública que establezca alguna responsabilidad formal del empresario en esos hechos. Sin embargo, su nombre vuelve a surgir en medio del conflicto que mantiene detenida la flotilla en Lázaro Cárdenas.
