La publicación de la más reciente encuesta de Enkoll para El País y W Radio, que otorga a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una sólida aprobación del 68%, coincide con el instrumento aplicado por El Financiero difundido este 1 de junio, que la ubica en el 69%.
Este respaldo encuentra parte de su explicación en los programas sociales, el 40% lo ve como un logro de la mandataria según El País, mientras que en El Financiero el 71% así también lo percibe. Sin embargo, más allá de los porcentajes de popularidad, ambos ejercicios demoscópicos revelan una preocupación entre los ciudadanos por los problemas estructurales que afectan al país.
Detrás de los altos niveles de aceptación emerge un reclamo generalizado, para el 45% de los encuestados por Enkoll la inseguridad es señalada como el principal problema nacional, seguido de la corrupción y la economía, ambas con el 19%. En paralelo, el indicador de El Financiero muestra evaluaciones negativas del desempeño gubernamental precisamente en esos rubros (malo/muy malo): seguridad 66%, corrupción 61% y economía 42%.
La contradicción es evidente, mientras la aprobación presidencial se mantiene sólida, millones de mexicanos continúan percibiendo que los desafíos más sensibles para su vida siguen sin resolverse.
En materia de seguridad, las últimas semanas han estado marcadas por un debate más político que jurídico, pese a las leyes y tratados internacionales aplicables, evidenciado una profunda división alimentada por una narrativa que polariza.
Por un lado, observamos el rechazo sistemático y las descalificaciones del oficialismo hacia los señalamientos provenientes de los Estados Unidos respecto a presuntos vínculos con el narcotráfico por parte del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y ocho personas más, todos bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR). Invocando el nacionalismo y la soberanía, cuestionando las motivaciones de las acusaciones y exigiendo pruebas concluyentes.
Del otro lado, presenciamos el recrudecimiento del discurso de condena y los señalamientos de “traición a la Patria” hacia la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también sujeta a investigación por la FGR, tras la participación de agentes de la CIA en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara. Caso en el que legisladores locales de Morena solicitaron a la Cámara de Diputados juicio político por supuestas violaciones al orden jurídico.
Este tratamiento diferenciado ha profundizado la polarización, la misma encuesta de Enkoll revela un dato contundente: el 60% de los ciudadanos está de acuerdo con que el exgobernador Rocha Moya sea extraditado para enfrentar las investigaciones.
Ante este termómetro social, las cúpulas políticas optaron durante el fin de semana por reforzar sus respectivas posiciones.
1. El sábado en Chihuahua, durante un mitin de respaldo a la gobernadora, que congregó a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, este último dirigió su mensaje al tejido social lastimado por la violencia: madres buscadoras, familias, productores, transportistas, comerciantes, empresarios, comunidades, etc., a quienes les dijo que la inseguridad es una amenaza que pone en riesgo la capacidad del Estado para cumplir su función básica: proteger a los ciudadanos.
Sostuvo que la seguridad no es una variable técnica ni administrativa, sino una responsabilidad moral de todo gobierno; por ello exigió recuperar la autoridad del Estado, la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley, señalando que no se puede invocar los derechos de los delincuentes mientras se abandona a las comunidades.
Enfatizó que la oposición no es el enemigo e hizo un llamado a asumir la responsabilidad, a convocar a la unidad y apeló por un acuerdo de Estado para defender a México y enfrentar a la delincuencia.
2. Mientras que el domingo, en las movilizaciones convocadas por Morena para conmemorar el segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria endureció su postura y aseguró que su administración no defenderá la corrupción ni la colusión con el crimen, argumentando que el combate ha sido firme y que se ha procedido contra las autoridades de todos los partidos cuando se comprueba su vinculación delictiva.
Acotó que la lucha contra la delincuencia es una responsabilidad compartida por todos los Estados, pero esta no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional, como la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Condenó lo que calificó como campañas desestabilizadoras promovidas por el “conservadurismo nacional y extranjero”. Cuestionó las operaciones clandestinas de la CIA y criticó que la justicia estadounidense solicite la extradición de 10 mexicanos sin aportar pruebas. Asimismo, sembró la duda sobre si existe un interés legítimo en ayudar a México o si la ultraderecha estadounidense utiliza al país para posicionarse rumbo a sus elecciones y si pretenden influir en las elecciones mexicanas de 2027.
Su arenga cerró con una convocatoria a la movilización bajo las consignas de que “México no es piñata de nadie” y “somos un país libre, independiente y soberano”.
Ambos mensajes respondieron a visiones distintas sobre los problemas que enfrenta el país. Sin embargo, ninguno pareció conectar plenamente con la principal exigencia ciudadana: vivir sin miedo.
Mientras una parte acusa y exige responsabilidades, la otra responde con argumentos defensivos, denuncias de injerencia y cuestionamientos políticos. En medio de esa confrontación, millones de mexicanos continúan enfrentando extorsiones, desapariciones, violencia, corrupción e incertidumbre.
La injerencia y desestabilización que sufre el país no proviene de agencias extranjeras ni de conspiraciones conservadoras, emana del crimen organizado que penetra los territorios, aprovechando la polarización y la aplicación discrecional de la ley.
Un gobierno preserva su legitimidad siempre y cuando cumpla con sus funciones esenciales, resuelva las crisis estructurales y entregue resultados a sus gobernados. La popularidad puede fortalecer temporalmente esa legitimidad, pero difícilmente puede sustituirla.
Cuando la confianza en las instituciones se pierde, el riesgo es que el debate público deje de centrarse en las soluciones y se refugie en la confrontación permanente, sustituyendo las razones por las consignas. Y ahí es donde se encuentra uno de los mayores desafíos para México.
