Por Rita Magaña Torres
La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, respaldó la exigencia de organizaciones civiles y de la Alianza Mexicana de Abogados para solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa, ante una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes, tras 631 días y casi 21 meses de narcoguerra, las y los sinaloenses continúan sin paz y justicia.
En conferencia de prensa, la priista detalló que las cifras hablan por sí solas: 2 mil 815 homicidios, 3 mil 878 personas desaparecidas, de las cuales más del 70 por ciento permanecen sin localizar; 108 niñas, niños y adolescentes asesinados; 333 menores desaparecidos; 10 mil 809 vehículos robados; 3 mil 817 negocios asaltados; una caída del 35 por ciento de la economía estatal; 38 mil empleos perdidos y casi 7 mil empresas cerradas.
Por su parte, el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, afirmó que Sinaloa vive “la peor tragedia de su historia” y sostuvo que la violencia ha provocado un éxodo de habitantes, afectaciones a sectores productivos y un clima permanente de temor.
Recordó que en septiembre de 2025 más de 60 mil personas participaron en una marcha para exigir paz y seguridad.
Beltrán Verduzco informó que organizaciones ciudadanas presentaron una solicitud formal de desaparición de poderes al considerar que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo estatal se encuentran severamente cuestionados.
Además, acusó que la inseguridad mantiene paralizadas actividades económicas clave como la agricultura, la pesca, el comercio y el turismo.
Los representantes de la sociedad civil también informaron sobre su presencia en la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a denuncias previamente presentadas contra diversos exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa.
Asimismo, solicitaron la aplicación de los mecanismos legales vigentes y la investigación de los señalamientos relacionados con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Los promoventes señalaron que la petición cuenta con el respaldo de distintos sectores de la sociedad sinaloense, entre ellos organizaciones civiles, empresarios y ciudadanos.
Afirmaron que el objetivo consiste en recuperar la paz, garantizar la seguridad de la población y restablecer las condiciones para el desarrollo económico y social de la entidad.
