El tema, evidentemente, se mantiene: la Ley 3de3.
Pedro Kumamoto (Máspormás) hace una pausa ante los reclamos que ha suscitado el manejo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (mejor conocida como la Ley 3de3) en la cámara alta. En una elaborada columna, detalla las minucias que constituyen la decisión. «Todo este camino ha valido la pena y nos hemos llevado grandes victorias», concluye.
En contraparte, Ana Paula Ordorica (Excélsior) cree que simplemente no avanzamos. En una disección por bancadas, desmenuza las acciones, posturas e intimidades de cada partido frente a la Ley 3de3.
En cambio, Jorge Fernández Menéndez (Excélsior), en una ubicación mucho más escéptica, esboza un mapa bastante difuso: «es tan compleja la trama, que […] no queda claro qué es lo que se votó y quién propuso o impulsó qué». No duda de la necesidad del Sistema Nacional Anticorrupción, pero en una suerte de vaticinio, le otorga el mismo destino que a las leyes electorales: los cambios que se han realizado sólo han logrado burocratizar, ralentizar y entorpecer los procesos.
Sergio Sarmiento (Reforma) escribe desde la trinchera contraria: el desacuerdo. Que los funcionarios exhiban sus declaraciones fiscales y patrimoniales parece, al periodista, un despropósito. Utilizando el Artículo 6° de nuestra Constitución («La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes»), levanta su inconformidad. Absurdo e inmoral es hacer totalmente pública nuestra información privada. Tajante, al final de la columna reafirma su rechazo por esta iniciativa. «Los derechos individuales no pueden someterse a votación», arguye.
