Ante la falta de medicinas para la atención de enfermedades crónico degenerativas, entre ellas el cáncer infantil, que ha causado el fallecimiento de menores, la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, urgió a la Secretaría de Salud del Gobierno federal, al INSABI y al IMSS que garanticen la adquisición, distribución y acceso a medicamentos para el tratamiento de estas enfermedades.
A través de un punto de acuerdo , la también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor a que fortalezca acciones para identificar y prevenir el incremento injustificado en los precios de medicamentos para el cáncer infantil.
Además de que se sancione de manera ejemplar a los establecimientos que comentan esta irregularidad, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), el 20 por ciento de los mexicanos no son derechohabientes de los servicios de salud y el cáncer es una enfermedad costosa que impacta a la económica familiar.
Reveló que la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), ha alertado que en México cada 4 horas muere una niña o niño a consecuencia del cáncer y que por lo menos 23 mil se encuentran en tratamiento activo o vigilancia, por lo que es elemental garantizarles servicios de salud accesibles y de calidad.
La legisladora de San Luis Potosí subrayó que desde el año pasado se ha agravado la falta de medicinas para la atención de múltiples enfermedades, principalmente para las crónico degenerativas, como diabetes, VIH y problemas renales, por lo que existen diversas denuncias públicas que exhiben las irregularidades en la adquisición de medicamentos.
Asimismo como su falta de disposición en los hospitales del país y lamentablemente, la muerte en los últimos meses de personas debido a esta problemática.
“El IMSS y el INSABI, tienen que hacer un mayor esfuerzo por contar con los medicamentos y materiales para proporcionar los tratamientos y no comprometer la salud de la población”, subrayó .
Advirtió que la pandemia por Covid-19 no puede ser motivo para evadir la responsabilidad en la prestación de los servicios y mucho menos aliciente para incrementar los precios de insumos en la aplicación de las quimioterapias.