Una vez más, pero quizá en esta ocasión de forma recargada, la escandalera por la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos aturde; datos y declaraciones por todos los ámbitos, muchas contradictorias entre sí, crean una atmósfera que, pareciera, quiere impedir el razonamiento sereno y no prejuiciado de la labor del ex secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Hasta el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, de bote pronto, cayó en generalizaciones y anunció una limpia a todo lo que oliera al militar imputado, para un día después matizar sus aseveraciones y recular sobre la condena a priori, pues algunos integrantes de las fuerzas armadas que hoy ocupan altos cargos, fueron colaboradores más o menos cercanos de Cienfuegos. Y cómo no queriendo, hizo suya las expresiones de sus adversarios: son las personas, no las instituciones.
Con tal de subirse al carrusel de la fama efímera, todo mundo opina sobre el comportamiento del general Cienfuegos, durante su paso al frente de la Sedena, particularmente los cuatroteístas que quieren enmarcar su actuación como parte del neoliberalismo, más con fines propagandísticos, sobre la base de supuestos agravios y prejuicios.
Olvidan que las fuerzas armadas del país junto con el clero, son dos de las instituciones con mayor aprobación entre la gente y que se manejan con un elevado nivel de secrecía, ya sea por sus propias tareas o por tradición. Por lo mismo, el sospechosismo sobre ellas es cotidiano.
Nadie tampoco puede negar los excesos y abusos en qué la milicia mexicana ha incurrido en no pocas ocasiones. La historia registra varios capítulos ominosos en perjuicio de grupos y sectores, lo cual está muy lejos de ser considerado como una regla universal.
Hoy, el enjuiciamiento popular y mediático en la persona de Salvador Cienfuegos, como en su momento ocurrió en los casos de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, se sustenta en filtraciones de datos -no todos verídicos- que alimentan la animadversión hacia un funcionario del pasado reciente que por el solo hecho de haberlo sido merece la condena, independientemente de si las evidencias son pruebas irrefutables, comprobables.
El caso del general detenido en el país vecino ha permitido, de otra parte, dejar de lado u ocultar la información sobre lo realmente acontecido hace un año sobre la detención y liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de “El Chapo”, el denominado Culiacanazo, y percatarnos que luego de 12 meses la orden de aprehensión aún no está lista, quedando la impresión de que se protege a ese grupo delictivo.
Y ni qué decir de las comparecencias de David León y Pío López Obrador ante la Fiscalía General de la República en donde, de forma contrastante con otros casos, no se ha dado a conocer ninguna información y tampoco han aparecido filtraciones profusas de lo expuesto en tales entrevistas. Aquí la secrecía es sagrada, pues pondría en tela de juicio la probidad del gobierno obradorista que, en fechas recientes, ha visto brotar hongos de corrupción en muchos de sus cercanos y seguidores, sin dejar de mencionar que varias de sus medidas económicas abren espacio a este tipo de prácticas.
Más que paradójico, debería ser motivo de inquietud que sean las autoridades norteamericanas las que emitan órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del pasado, mientras que en nuestro país ni siquiera existan carpetas de investigación. Eso significa que la FGR no está cumpliendo con su tarea, quedando en un plano de subordinación a los dictados del norte.
La petición, no formal, de respeto y de que se investigue a la DEA, la Administración de Control de Drogas de EU, por su actuar irregular en nuestro país, sería más una salida fácil, para justificar la inoperatividad del aparato de justicia mexicano.
Independientemente del curso que siga el proceso contra el general Salvador Cienfuegos, estamos ante la urgencia, por razones de Estado, de abrir al escrutinio las labores del ejército en todo aquello que no tenga que ver con la seguridad nacional y delimitar con precisión el concepto de la misma y no dar lugar a falsos prejuicios.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que hasta el cierre del tercer trimestre de este año pagó poco más de 96 de cada 100 pesos de los adeudos con proveedores y contratistas que se arrastraban de 2019. Información que contradice lo expuesto por su director, Antonio Oropeza, quien al comparecer en la Cámara de Diputados, dijo que sólo pagarán el 70 por ciento, porque liquidar el porcentaje restante no es ético ni moral, aunque sea legal.
