Curioso que el gobierno lopezobradoriano se refugie en una disposición de su principal enemigo político, Felipe Calderón para justificar su negativa a discutir un nuevo pacto fiscal que, sin embargo, tampoco cumple a cabalidad en la entrega de recursos federales a las entidades federativas.
De hecho, es una sorpresa este reconocimiento y aval involuntarios que hace la presente administración a Calderón Hinojosa. Y prácticamente sería el único rubro en el que no muestra prisa alguna en destruir, como lo ha hecho con muchos programas, proyectos y leyes emanados de los dos sexenios previos.
Transcurrido un tercio de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador al negarse a negociar cambios al actual esquema fiscal de entrega de recursos a todas y cada una de las entidades federativas, de hecho le otorga validez legal y económica a lo que en esta materia se aprobó hace 13 años.
Preservar el status quo en materia de coordinación fiscal en estos momentos en que las finanzas públicas son magras por las crisis económica y sanitaria, por supuesto que le conviene al ejecutivo; de ahí su reticencia a introducir cambios que le resten margen de maniobra, sobre todo cuando acaba de arrancar el proceso electoral de 2021 y se está en vísperas de aprobarse el presupuesto del año entrante.
Apenas en agosto pasado, durante la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se celebró en San Luis Potosí, se presumió que ambas partes habían logrado un acuerdo para revisar la Ley de Coordinación Fiscal, para sortear los problemas financieros que afrontan los tres niveles de gobierno.
De aquella buena disposición que había, prácticamente no queda nada. Ahora, después de los amagos de la Alianza Federalista de salirse del pacto fiscal si no se modifican sus actuales términos, López Obrador afirma que no les debe nada a los gobiernos estatales y, por tanto, no les dará un peso más de lo que marca la ley, y les recordó a los gobernadores que deben alrededor de 1700 millones de pesos en impuestos.
De manera paradójica, la agrupación de mandatarios panistas se suman a la alianza Federalista y cuestionan las reformas del presidente Felipe Calderón que hoy aplica el gobierno cuatroteísta.
Aun cuando no descarta la posibilidad de llegar a un acuerdo con los mandatarios estatales en rebeldía, de antemano López Obrador rechaza una posible reforma que pretenda quitarle recursos al gobierno federal; no lo vamos a permitir, ya que como nunca la gente está recibiendo apoyos de manera directa, afirmó.
El hecho de que el gobierno federal no haya presentado una propuesta específica en la materia, conlleva una negativa a introducir cambios sustanciales en la fórmula cómo se distribuye el presupuesto actualmente y que los eventuales ajustes serán mínimos, lo que podría agudizar las tensiones existentes y seguramente tendrá impacto en las preferencia electorales del año venidero.
De no modificarse el acuerdo fiscal entre el gobierno central y las entidades federativas que se estableció en 2007, López Obrador estaría reconociendo la aportación del ex mandatario Calderón Hinojosa, en este campo.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Fitch Ratings negó que las entidades federativas tengan adeudos de impuestos con la Federación tal como afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana. Manuel Kinto Reyes, director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings, sostuvo que el convenio de coordinación fiscal que rige a las entidades, y la entrega de recursos, evita que haya adeudos con la Federación.