Ciertamente la corrupción es uno de los malos mayores que enfrentamos en el país; la actitud decidida del presidente López Obrador para extirpar este mal cuenta con el respaldo prácticamente unánime de los mexicanos. Sin embargo, el trato que otorga a los actos de este tipo ocurridos en el pasado con los que se presentan en su administración, dista mucho de ser el mismo.
Inquieta que, primero, dijera desconocer que su prima, Felipa Obrador, tuviese contratos con Petróleos Mexicanos. En cambio, este lunes 7 de diciembre, prefirió jugar con la expresión de que a quien le había metido gol su parienta fue a Pemex, justificando que para lograrlo disfrazó su participación al asociarse con otras empresas.
De acuerdo con lo expresado por el primer mandatario en su mañanera, él giró instrucciones a la petrolera, desde 2019, para que no se contratara a su familiar. Es decir, a pesar de ser una instrucción presidencial, fue desobedecida por personal de la paraestatal, incluido su director general, Antonio Oropeza, así fuese por conveniencia, descuido u omisión.
Es decir, la autoridad del presidente López Obrador quedó en entredicho, pues de no haberse hecho públicas las asignaciones entregadas a Felipa Obrador, seguramente seguiría obteniendo contratos de Petróleos Mexicanos. Es poco creíble que sabedor del conflicto de interés por la contratación de la empresa de su prima con Pemex, se desentendiera de vigilar que se cumplieran sus órdenes.
Sin ser un caso excepcional o único, ya que se han documentado otros casos de influyentismo en la administración pública de parte de altos funcionarios de su gobierno con familiares y amigos, estaríamos hablando de la existencia de manga ancha o aquiescencia de la 4T hacia prácticas de corrupción cuando involucran a “machucones” cuatroteístas.
Con ello, queda en evidencia el doble rasero que utiliza el presente gobierno en su combate a la corrupción. Por un lado, se ha armado de trascabos para escarbar por todos lados y sacar a la luz y exhibir los actos de corrupción del pasado; y por el otro, ocupa picos y palas para tratar de echar tierra a los que se vienen presentando en estos dos años de gestión, lo que no siempre consigue.
La diferencia entre uno y otros implementos estarían en relación con el monto de los desfalcos a la hacienda pública. En el pasado, de conformidad con la narrativa presidencial, los actos son escandalosos, quedando en pocas manos y están relacionados con miles de millones de pesos que, hasta el momento, no han podido comprobarse tales ilícitos ni hay nadie castigado por ellos.
En el presente, estamos frente a lo que podríamos denominar “corrupción hormiga”, que no alcanza las cifras de las administraciones anteriores, pero que -todo parece indicar- tienen mayor frecuencia, un mayor número de beneficiarios y tampoco nadie ha sido sancionado.
Haber eximido a Pío López Obrador, luego de los videos en los que se le ve recibiendo dinero de manos de David León, funcionario del gobierno de Chiapas en 2015, indicaría que, al menos, la UIF se hará de la vista gorda ante actos de corrupción que, desde su perspectiva, sean de poca monta o involucren a personajes cercanos a la Presidencia de la República.
Considerar pequeños o inocuos los actos de corrupción que se registran en la administración lopezobradoriana, podría alentar su proliferación y que para poder cubrirlos o encubrirlos se requerirá de una buena dotación de picos y de palas.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Por cierto, ¿ya se empezaron a recuperar el casi millón de créditos, por 25 mil pesos cada uno, que otorgó el gobierno?, ¿tendrá cartera vencida, en qué porcentaje?, ¿en dónde quedarán esos recursos? Esperemos que el gobierno no decida, por cuestiones de seguridad nacional, reservar la información de la evolución de estos empréstitos.
