El idilio existente entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las fuerzas armadas del país no sólo en el territorio nacional, sino también a nivel internacional está causando escozor, dada la preminencia que está adquiriendo en tareas que sobrepasan las encomendadas constitucionalmente.
En una comunicación dada a conocer por la ONU, se indica que “ante la falta de información, clara y medible”, expertas y expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitaron información sobre las medidas tomadas por el Gobierno de México “para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten el derecho y los estándares internacionales de los derechos humanos”.
“Nos alarma que las fuerzas armadas realicen tareas que no les son propias y para las que no han sido entrenadas, lo cual podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
Esto es así, porque como el propio secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, ha reconocido que los militares cumplen funciones que tienen que ver con la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública.
Inquietud que desde la creación de la Guardia Nacional ha permeado en amplios sectores de la población, puesto que se suponía que este cuerpo de seguridad tendría un carácter civil que, luego de un año, estaría perdiendo esa cualidad. Es un camino -por así decirlo- facilista, mediante el cual el gobierno evade su responsabilidad de combatir la inseguridad, dejándole a las fuerzas armadas esta tarea.
El “afecto presidencial”, por los militares lo ha demostrado al aumentar en más de 30 mil millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional entre el último año del gobierno de Peña Nieto y lo presupuestado para 2021; en este lapso se pasó de poco más de 81 mil millones a 112.5 mil millones.
Y no solo eso, casi al mismo tiempo que por iniciativa del primer mandatario se desaparecieron 109 fondos y fideicomisos, los cuatro que tienen las fuerzas armadas suman alrededor de 32 mil millones de pesos disponibles para compra de equipo militar, que representa más del 90 por ciento del total; tiene otro de haberes de retiro; uno más para pensiones y compensaciones; un tercero de subsidios a los hijos del personal del Estado Mayor Presidencial y, el cuarto destinado a familiares de militares fallecidos en misiones de alto riesgo.
De acuerdo con especialistas en la materia, ningún gobierno antes había financiado con esta cantidad de recursos al Ejército.
En un contexto de creciente militarización y ante el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad de carácter civil, las expertas y expertos de la ONU advierten sobre la “posible exacerbación de la violencia como consecuencia de la ampliación del rol de las fuerzas armadas en la seguridad pública”.
El fortalecimiento y activismo de la milicia en todos los niveles de seguridad y en la economía nacional, generan inquietud en muchos sectores que, si bien reconocen su lealtad a las instituciones, sienten que podría tener efectos no deseados en la democracia y en el Estado de derecho.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
La esposa del primer mandatario, Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador, posteó en Twitter lo siguiente, con motivo del Día Mundial contra la Corrupción: “La corrupción es lo peor que tiene una sociedad. Juntos la combatimos. Denuncia si sabes de un hecho y exige siempre transparencia en el manejo de los dineros públicos”.
