La posible ampliación del periodo legal del presidente de la Corte, aprobado por los senadores, viene a confirmar el huachicoleo legislativo que caracteriza al cuatroteismo, que nos buscar torcer las leyes para llevarnos a un régimen de inconstitucionalidad, donde el Derecho sea la excepción y no la regla.
Desde antes de su arranque, la administración lopezobradoriana ha dado muestras fehacientes de su inclinación hacia un Estado de chueco, al hacerse a la malagueña de una sobre representación en la Cámara de Diputados, que no le dieron los votos en las elecciones de 2018.
De suyo, ese porcentaje de más restaría validez a muchos de los cambios legales que se han hecho en en los últimos tres años, a infinidad de acciones públicas y al desorden en el accionar gubernamental, que han resultado dañinos para importantes grupos sociales, al quitarles apoyos y esquemas que los beneficiaban.
Tendencia que, conforme ha ido avanzando el gobierno de López Obrador cada vez cuida menos las formas y recurre más al chantaje y la presión para tratar de ajustar leyes y reglamentos a su capricho -que no de le quite ni una coma-, sin preocuparle la legalidad de sus actos.
Amparados en la mayoría legislativa obtenida, los morenistas han realizado nombramientos de funcionarios que no cumplen requisitos como en la comisiones Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos o en la Nacional de Derechos Humanos; desaparecido áreas e instituciones; reducir salarios a funcionarios públicos y un extenso etcétera.
Lo más grave es cuando los cuatroteístas pretenden pasar por encima de la Carta Magna, con ordenamientos que están en franca contradicción con lo dispuesto en ella. Y no son pocas las veces que lo han intentado; a la fecha existen más de dos decenas de controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta cantidad no es por descuido o mala técnica jurídica o procesal. Hay una clara intención de hacer de lado derechos fundamentales contemplados en la Constitución, con claros visos autoritarios, a través del huachicoleo legislativo, consistente en “perforar” el marco normativo y “extraer” ordenamientos que les den rendimientos políticos y económicos.
El escenario de una muy posible pérdida de una Cámara de Diputados obsecuente, le cerraría la llave a las elevadas “ganancias extrajurídicas” presidenciales, por lo que antes de que eso ocurra, López Obrador quiere tener una “fuente legislativa alterna” a la Constitución, representada por el Poder Judicial.
Los efectos inmediatos se verían en las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, así como en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el propio funcionamiento de la Corte.
En ese sentido se inscribe la propuesta de ampliar el mandato de integrantes de la Suprema Corte y de la Judicatura Federal que, de concretarse, le garantizarían al tabasqueño realizar el huachicoleo desde dentro del Poder Judicial; es decir, ganar todas las controversias constitucionales y hacer nugatorio el valor de la Constitución, en perjuicio de derechos fundamentales de todos los mexicanos.
He dicho.
