Hablando de tapaderas y tapados, el presidente Andrés Manuel López Obrador se las gasta con singular alegría, pues en ambos casos lo que quiere es esconder sus intenciones electoreras, descobijando a unos y encubriendo a otros, no sólo con miras a 2024, sino impedir que se investigue a los que quiere proteger, ya que en estos momentos están en el ojo del huracán.
La velocidad con la que la presente administración investiga, procesa y culpa a sus adversarios contrasta radicalmente con la actitud paquidérmica que adopta cuando se trata de allegados al cuatroteísmo o al mismísimo primer mandatario, pues además de la lentitud en los procesos, nunca encuentran pruebas y razones legales suficientes para enjuiciarlos.
La premura con la que se han movido la presente legislatura y la Fiscalía General de la República para eliminar el fuero y obtener la orden de aprehensión del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, está llena de irregularidades jurídicas, signo distintivo de este gobierno.
El ofrecimiento presidencial de no ser tapadera de nadie, no tiene desperdicio. Es muy selectivo, ya que cuando se trata de sus compinches ya sea en actos de corrupción, conductas inmorales e insuficiencias administrativas, López Obrador voltea para otro lado, dice no tener información o, en el mejor de los casos, se va a investigar, en espera de que con el paso del tiempo, se olviden tales fechorías.
Cada vez son más los integrantes de su gabinete, gobernadores y presidentes municipales morenistas o legisladores que han sido señalados por sus conductas apartadas de la ley o por negligencia que se ha traducido en importantes pérdidas de recursos públicos y vidas de miles de mexicanos.
Manuel Bartlett Díaz, Pío López Obrador, Marcelo Ebrard, Rocío Nahle, Antonio Oropeza, Irma Eréndira Sandoval, Zoé Robledo, Claudia Sheinbaum, Florencia Serranía, Cuitláhuac García y un largo etcétera han ido acumulando denuncias que, por instrucciones superiores, guardan el sueño de los justos.
Los afanes justicieros del titular del ejecutivo, en otras ocasiones son simples llamaradas del petate del muerto. Hasta el momento, ninguno de los denunciados por Emilio Lozoya Austin han sido encarcelados; nunca ha hecho públicas ni efectivas López Obrador las denuncias por actos de corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco y en los fideicomisos que canceló.
Bien podría decirse que el tabasqueño de lengua se come no uno, sino una orden completa de tacos. Su dicho de que no encubrirá a nadie, como puede verse y se ha documentado, carece de sustento en el terreno de los hechos, toda vez que algunos de los que obtuvieron jugosos negocios en el pasado, los siguen obteniendo en el presente.
Eso explicaría por qué se ha reservado por cinco años la información de un sinnúmero de obras que lleva a cabo la administración cuatroteísta y que representan pingues ganancias para algunos de los integrantes del consejo asesor empresarial de López Obrador.
Así, negocios y aspiraciones políticas se encuentran bien resguardadas. Con ello, los tapados económicos y políticos pueden sentirse relativamente seguros, ciertos de que cuentan con el visto bueno del destapador.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Por segunda ocasión, en menos de 15 días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, acudió a Palacio Nacional. Se dice que se entrevistó con el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, justo cuando se analiza la validez jurídica de la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca.
