En su muy gustado papel de justiciero a carta cabal, que le permite elevar su popularidad y que se minimicen los verdaderos problemas que no ha podido resolver, el presidente Andrés Manuel López Obrador le cede los trastos al fiscal General de la República, Alejandro Gertz, para que se despache con la cuchara grande en el castigo a los mañosos del pasado.
Esta demás señalar que la reciente ofensiva del cuatroteísmo contra la corrupción obedece a que los caminos de la gobernanza no son como Andrés Manuel creía ni imaginaba. Los dogmas con los que quiere llevar a cabo su transformación no sólo han chocado con la realidad, sino que fueron liquidados con la pandemia y sacaron a la luz las falsedades en las que se sustenta la gestión obradoriana.
Embriagado con su popularidad, López Obrador se niega a aceptar que sus actos de gobierno han generado mayor desigualdad y pobreza entre los mexicanos; que las recetas de hace medio siglo tienen poco impacto en las condiciones de vida de los mexicanos.
Sin embargo, la pérdida de votos y el fracaso de su consulta popular son indicadores a los que sí ha hecho caso, pues sabe que de continuar las mismas tendencias y los escasos resultados de su administración, será efímero y sin ninguna gloria su paso por la Primera Magistratura.
El trienio que lleva al frente ha sido más de palabras que de hechos. La fregencia de cada mañanera es insuficiente para que la economía marche; millones de mexicanos carecen de empleo y los salarios son exiguos; la inseguridad y violencia siguen en niveles tan altos, que el cementerio que recibió será aún más grande cuando termine el sexenio; y jóvenes y mujeres se encuentran en el abandono.
Frente a estos hechos irrefutables, el primer mandatario nuevamente se monta en su caballito de batalla de combate a la corrupción, sin que ninguno de los presuntos implicados haya sido juzgado y sentenciado. Hoy vuelven a salir a la luz pública nombres de famosos funcionarios y políticos del pasado, que hicieron de las “aportaciones” su modus vivendi, en perjuicio de los dineros públicos.
Pretérito que, por supuesto, tiene claras y manifiestas excepciones al tratarse de familiares y amigos de quienes hoy gobiernan y que, por el solo hecho de tener el handicap de la cercanía y cariño del primer mandatario, en automático sus casos pasan al archivo muerto.
Ejemplo de ello, son las aportaciones recibidas por los hermanos López Obrador, Pío y Martín que, no obstante las evidencias mostradas en los medios de comunicación, gozan de total impunidad.
Por lo pronto, puede decirse que son hermanos en gracia, al contar con el amparo protector de la investidura y seguramente no serán molestados ni con el pétalo de una investigación.
Lo mismo puede decirse del hijo de Manuel Bartlett y otra treintena de casos que involucran a integrantes del equipo del ejecutivo federal a los que, no obstante, los beneficios recibidos por esa condición privilegiada, no habrá quien los friegue y friegue con carpetas de investigación.
De hacerse efectivas las imputaciones que ahora se presumen, no debe extrañar la aparición de nuevos videos o audios de los negocios “lisitos” que hacen los que, de momento, se encuentran en estado de gracia.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Un informe reciente del Inegi indica que entre enero de 2020 y marzo de 2021 se registró un exceso de mortalidad por todas las causas de 497 mil 476 defunciones, equivalente a 52.9 por ciento de las muertes esperadas. Es uno de los saldos rojos del gobierno guinda.
@Edumermo
