El derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial es reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde diciembre de 2020, por lo que es obligatorio que las y los tomadores de decisiones actuemos en consecuencia para garantizar este derecho a todas las personas.
Con este fin, en días recientes me reuní con la Coalición Movilidad Segura, (Coordinación cívica de 70 organizaciones promotoras de la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México), y con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, (ANPACT), que desde 1992 representa a los fabricantes de vehículos pesados.
Informan de 16 mil muertes al año por accidentes viales y conversamos sobre su propósito, desde 2014, por sacar adelante la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México, con acciones en todo el país que garanticen la prevención de lesiones y muertes en siniestros viales.
Me comprometí a trabajar a favor de esta ley en beneficio de todas y todos los mexicanos.
El derecho a la movilidad tiene como finalidad cuidar la integridad física y la prevención de lesiones de todas las personas usuarias de las calles y de los sistemas de transporte, en especial de las más vulnerables.
La ley también menciona, la accesibilidad de todas las personas a las calles y a los sistemas de transporte; la movilidad eficiente de personas y bienes; la calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial.
Además de eliminar mecanismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas al usar los sistemas de movilidad, para que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad.
El 17 de junio de 2021 se venció el plazo para que el poder legislativo aprobara la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con el objetivo de salvaguardar la vida de los mexicanos en todas las modalidades de tránsito y garantizar el derecho a la movilidad segura.
Ninguna muerte vial es aceptable, pues todas pueden prevenirse si se controlan los factores de riesgo que las causan como son:la velocidad extrema; el no uso de casco en motociclistas; la conducción bajo efectos del alcohol y otras drogas; la comercialización de vehículos inseguros y el bajo uso de los sistemas de retención como cinturón o sillas infantiles, entre otros.
Por lo tanto, es urgente impulsar este proceso legislativo impulsado y aprobar ya una Ley que reduzca la velocidad en nuestras calles; haga obligatorio usar cinturón de seguridad; garantice a los consumidores autos seguros; homologue los registros de conductores y regule el otorgamiento de licencias a nivel nacional; reconozca y garantice los derechos que protejan a las víctimas de siniestros viales; y destine presupuesto para infraestructura dirigida a peatones y otros modos de transporte sustentable.
Recordemos que reducir la velocidad a 30 km/h en las calles de zonas urbanas previene siniestros viales, salva vidas y evita altos costos por siniestros a la población mexicana.
En relación a los municipios, se establece que corresponde a los municipios instrumentar en concordancia con la política nacional y estatal, las políticas públicas de su competencia orientadas a disminuir las muertes, lesiones y discapacidades por siniestros de tránsito.
¡Trabajaremos para lograr este fin!
