¡Una muy buena noticia! La Suprema Corte de Justicia advirtió al INE que está obligado por ley a realizar la consulta sobre revocación de mandato y hacer los ajustes presupuestarios necesarios para tal fin; de lo contrario los consejeros pueden incurrir incluso en responsabilidades penales.
El ministro Fernando Franco González les negó la suspensión del acto reclamado a través de la controversia 208/2021 contra el ajuste a su presupuesto 2022, en lo que hace a cualquier posible suspensión de la consulta sobre revocación de mandato por falta de recursos.
El INE denunció en su demanda el recorte de 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto para el año próximo, que asegura, le impediría cumplir con la consulta programada para el 10 de abril.
“Es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”, señala el acuerdo del ministro Franco.
Lorenzo Córdoba insiste en que al Instituto Nacional Electoral no le alcanza el dinero para realizar la consulta sobre revocación de mandato. ¡Eso no es cierto!
El presidente del INE Lorenzo Córdoba anunció hace unos días que ya hay mil 503 millones de pesos para hacer la consulta, pero argumenta que no le alcanza el dinero, que necesita 3 mil 800 millones de pesos para realizarla con todas las casillas que la ley especifica que son las mismas que requiere una elección constitucional.
Y denuncia, que no le digamos que quiere torpedear el proceso, pero lo sigue bloqueando y explicaré el porqué: el junio de 2021 los consejeros Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas dijeron que la consulta de revocación de mandato costaría lo mismo que la de juicios a expresidentes $528 millones de pesos, (quinientos veinte y ocho millones de pesos), y que se pondrían 59 mil casillas de votación en el país.
Si dividimos 528 millones de pesos entre 59 mil casillas, da como resultado que cada casilla o mesa receptora costó $8,949 pesos (ocho mil novecientos cuarenta y nueve pesos).
Si le creemos a Lorenzo Córdoba respecto a ya cuenta hoy con mil 500 millones de pesos para la Consulta con el mismo número de casillas para una elección constitucional (que son 161 mil casillas) y lo dividimos entre mil 503 millones de pesos, da como resultado que cada mesa receptora costaría 9 mil 335 pesos, o sea, sólo un poco más de lo que costaron las mesas receptoras del juicio a expresidentes.
Esto quiere decir que con mil 503 millones de pesos el INE tiene dinero suficiente para hacer la consulta y para instalar 161 mil casillas.
Lorenzo Córdoba insiste en que necesita 3 mil 800 millones de pesos, si dividimos 3 mil 800 millones entre 161 casillas, cada mesa receptora estaría costando 23 mil 602 pesos cuando en la de juicios a expresidentes costó menos de 10 mil pesos por mesa receptora.
Entonces, o quieren (lo diré claro) robarse el dinero o poner más trabas para que no se haga la consulta con mil 500 tres millones de pesos que el propio INE dice que ya tiene para hacer. ¡Ellos ya pueden instalar las 161 mil casillas y no podrán torpedear el proceso!
Es increíble que el INE se niegue a cumplir con sus funciones constitucionales y amenazar con suspender la consulta o reducir casillas. ¿Por qué tanta diferencia entre un proceso y otro? ¿Por qué están pidiendo tanto dinero para organizar la revocación de mandato? ¿Por qué está costando más del doble?
De negarse a tal ejercicio, estarían fallando a la encomienda constitucional que tienen lo cual los podría llevar a un juicio e incluso alcanzar la cárcel por las consecuencia legales que podrían existir.
Saben que no cumplir con sus responsabilidades los llevaría a consecuencias legales, sin embargo están buscando el blindaje del Tribunal Federal Electoral.
Vamos a ver hasta dónde llega el INE, y qué tan dispuestos están en estirar la liga y ¡a ver si no se rompe! y se meten en verdaderos problemas legales, incluso penales que puede terminar con su carrera como consejeros electorales, como bien refiere Mauricio Rodríguez, titular del canal El Chapucero youtube
Ahora, a esperar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a esta controversia constitucional.
Por cierto, en otra parte del acuerdo del ministro Franco SÍ se otorga al INE la suspensión provisional, pero únicamente en cuanto hace al tema de los salarios, por lo cual sus consejos y altos funcionarios podrán seguir ganando más que el Presidente de la República.
