La iniciativa de reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados contempla sustituir al INE , eliminar plurinominales del Congreso , y que la elección de consejeros y magistrados electorales sea mediante voto popular .
El documento que reforma 18 artículos de la Constitución , tiene entre otros objetivos conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana.
Propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que vendría a sustituir al INE, y plantea la reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.
En su iniciativa , el jefe del ejecutivo plantea un cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
Por ello, plantea eliminar 200 diputados federales y 32 senadores para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. “Se trata del mecanismo de representación proporcional más plural que se haya propuesto en la historia del sistema político mexicano”.
La propuesta establece una reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
Además propone que la elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.
Establece la desaparición de los OPLEs y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.
Advierte que uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a partidos políticos , toda vez que el Estado mexicano destina cada año alrededor más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos, es decir, a la manutención de aparatos burocráticos.
En ese sentido , propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes.
El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas.
El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral.
Asimismo, se propone mantener la fórmula actual de distribución del financiamiento público a los partidos políticos; sin embargo, dichos recursos serán entregados únicamente durante tiempos de campaña. Esto representa una disminución de más del 66% del financiamiento público respecto de lo que actualmente se gasta.
En cuanto a la obtención de recursos privados, tanto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, como para sufragar gastos de campaña durante los procesos electorales, se establecen reglas precisas, ordenando que los partidos políticos identifiquen y reporten la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder los topes señalados en la legislación.
Además los recursos provistos no serán deducibles de impuestos; se prohíbe que una misma persona física done en un año calendario a más de un partido o candidatura independiente y que se apliquen recursos obtenidos para el sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campaña o al pago de deudas contraídas para cubrir procesos electorales anteriores.
La iniciativa propone también un nuevo modelo de comunicación política que se centra en el acceso de partidos políticos y candidatos independientes a radio y televisión, mediante los tiempos oficiales del Estado. Su objetivo es procurar la difusión efectiva de mensajes propositivos de los partidos. Para ello, se pautarán mensajes con una duración no menor a un minuto.
En este sentido, desde el inicio del proceso y hasta la celebración de la jornada electoral, se destinarán 30 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se asignará el 90% de dichos tiempos a los primeros dos y el 10% al Instituto para la difusión de mensajes informativos relacionados con la contienda electoral.
El tiempo asignado a partidos y candidaturas independientes se distribuirá conforme al criterio hoy vigente, según el cual se reparte el 30% entre los partidos políticos de manera equitativa y el 70% se distribuye en función de su desempeño en la elección para diputados federales. Los partidos políticos de nuevo registro participarán solamente en la distribución del 30% de forma igualitaria, y se mantendrá la regla que prohíbe a cualquier persona, incluidos los partidos, precandidaturas y candidaturas, adquirir por sí o por terceros tiempos en radio y televisión.
