La Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta en México (AIEJA), instó a la administración del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a homologar impuestos, luego de que el pasado 05 de mayo dieran a conocer el “Acuerdo de Facilidad Administrativa”, que reduce el pago de derechos por las máquinas tragamonedas.
“Durante años hemos tratado de explicar a las autoridades en turno que, los impuestos en general estrangulan fiscalmente a la industria y fomentan indirectamente el juego clandestino e ilegal, al tiempo que inhibe la inversión, por lo que vemos con buenos ojos esta medida para llegar a un aliento económico”, explicó el presidente de la AIEJA, Miguel Ángel Ochoa Sánchez.
Por esta razón, desde hace años representantes de asociaciones gremiales que conforman al 90% de los Permisionarios de este país, exigen una urgente reforma fiscal, que contemple un cobro federal único, justo y proporcional, sobre los beneficios reales de sus empresas, que pueda posteriormente ser redistribuido a las entidades federativas que tengan casinos en sus territorios.
Cabe señalar que actualmente la industria casinera es el sector económico que más impuestos paga en términos proporcionales. Antes de la pandemia, el sector conformado por 384 salas en operación, contribuía con un poco más de 5 mil millones de pesos anuales a las arcas de la Federación y otros 2 mil 500 millones a Estados y municipios.
El presidente de la AIEJA aseveró que hoy día se encuentran a la espera de una mayor claridad respecto a las reglas y a qué impuestos se refieren. “En principio hablan de un acuerdo de facilidad administrativa y se refiere a las máquinas. Hay que recordar que en el caso de Nuevo León se cobra un impuesto que se estableció en 2015 para entrar en vigor en 2016 del 10% a los jugadores, ese impuesto se incrementó a partir de este año al 15%, afectando directamente al jugador”.
De acuerdo con el sector, el ampliar la base gravable, reduciendo el monto de los impuestos actualmente vigentes, podría ser una de las soluciones inmediatas para que todo el mundo quede beneficiado, sin violentar en ningún momento, la política del Presidente López de no otorgar más permisos durante su administración.
Al respecto, los 36 Permisos vigentes que el Estado mexicano ha otorgado, con distintas vigencias, autorizan el funcionamiento de 754 casinos, de los cuales hasta el momento, únicamente 384 se encuentran en operación.
El fomentar la apertura de parte de las 370 salas de juegos autorizadas más no abiertas, permitirá ampliar la masa sectorial gravable, atraer nuevas inversiones, duplicar los cerca de 150 mil empleos que en la actualidad ofrece el sector de manera directa e indirecta y convertirse en una oferta especializada para el turismo de juego internacional.
Pero para ello, se requiere de un marco jurídico que pueda ofrecer seguridad a largo plazo para los inversionistas, un mercado bien regulado que permita un crecimiento ordenado y una política fiscal que haga que el cliente prefiera jugar en un espacio legal y no optar por el mercado negro del juego clandestino.
