El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, rechazó haber participado en una reunión con el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue detenido el pasado viernes por el caso Ayotzinapa, y otros funcionarios en los que se fraguó la llamada “verdad histórica” sobre los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica’”, escribió García Harfuch en sus redes sociales.
Rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para “fraguar la verdad histórica”;ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que si hacemos algo por nuestro país todos los días.
El nombre del actual secretario de Seguridad capitalino que en ese entonces era delegado de la Policía Federal en Guerrero salió en el caso durante la audiencia de imputación contra Murillo Karam donde la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exprocurador de haber organizado dicho cónclave para construir la “verdad histórica”.
Lo anterior de acuerdo con el testimonio de Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien se convirtió en testigo colaborador de la FGR.
De acuerdo con esta versión, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de la libertad por Guerreros Unidos con apoyo de policías municipales y quemados en el basurero de Cocula.
Durante la presentación del informe de la comisión especial del caso Ayotzinapa, el subsecretario Alenjandro Encinas aseguró que la desaparición de los 43 normalistas constituyó un crimen de Estado en el que participó Guerreros Unidos, policías municipales, y otros funcionarios, quienes sabían de los movimientos de los estudiantes e incluso de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 y no hicieron nada.
Además, reveló que se reunieron en Israel con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la AIC, a quien le ofrecieron un criterio de oportunidad para conocer la verdad sobre el caso, pero este lo rechazó.
Al día siguiente del informe, la Fiscalía General de la República informó que se libraron 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
