Este día se conmemoran ocho años del trágico suceso por el que desaparecieron 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, por lo que se espera que para hoy familiares de los estudiantes desaparecidos marcharán para exigir justicia.
La cita es a las 16:00 horas en el Ángel de la Independencia y de ahí marcharán hacia el Zócalo capitalino, y se anunció que desde las 13:00 horas empezarán a llegar los contingentes para preparar mantas y consignas.
Para este octavo aniversario las protestas se harán bajo la consigna “¡26 de septiembre de 2014, no se olvida! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
La Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos convocaron a todas las organizaciones sociales, colectivos y público en general a la marcha por el octavo aniversario de la desaparición de los jóvenes.
El pasado miércoles, cientos de personas protestaron también y vandalizaron la Embajada de Israel en México, a cuyo Gobierno exigen la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y acusado de irregularidades en el caso.
Asimismo, el pasado jueves un juez concedió un amparo provisional a Jesús Murillo Karam, exprocurador de Justicia para protegerlo de su procesamiento por el caso.
El arresto de Murillo Karam es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
El informe y la detención del exfuncionario han reavivado la polémica sobre el crimen de Ayotzinapa a días del octavo aniversario de la desaparición masiva.
El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión para la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa “verdad histórica” al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.
