El Gobierno Federal busca una reforma que permita la terminación anticipada y unilateral de contratos con empresas privadas sin necesidad de indemnización.
De acuerdo con fuentes cercanas a la propuesta, esta nueva iniciativa enviada ya a la Cámara de Diputados, permitiría la modificación de 23 leyes con el objetivo de incluir una “cláusula exorbitante” o de terminación anticipada, en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública.
“Salvo en los casos previstos en otras leyes, no procede el resarcimiento de daños o perjuicios cuando: La revocación o terminación anticipada se motive en hechos o actos de interés público, general o social, o en la preservación de los bienes comunes, o en la seguridad o integridad de las personas e instituciones nacionales”, se explica en la propuesta de artículo 11 Bis para la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, revisada por este medio de comunicación.
Y en caso de tener que pagar indemnizaciones, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador establecerá límites en los montos que se deben pagar, únicamente en casos que involucren procedimientos jurisdiccionales o arbitrales.
Según el planteamiento de la reforma, enviada el pasado 23 de marzo a la Cámara de Diputados, lo que se busca es prevenir “reclamaciones fraudulentas o desproporcionadas” que puedan ser presentadas en instancias mexicanas o extranjeras en contra del Estado mexicano, ya que se argumenta que tan sólo de 2011 a 2019, los montos por indemnizaciones aumentaron 500%.
La reforma propuesta, también pretende modificar el artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para permitir la ejecución de proyectos prioritarios sin la necesidad de contar con los permisos legales adecuados.
En este sentido, el documento indica que se establecerá que aquellos proyectos identificados como “de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país, y los relacionados con la defensa y la seguridad nacionales”, podrán llevarse a cabo sin dichos requerimientos.
“Dictámenes, permisos, licencias, derechos de propiedad e incluso derechos de vía o expropiaciones de inmuebles, podrán gestionarse por la dependencia o entidad paraestatal de que se trate de manera simultánea al inicio de la obra”, señala la reforma.
