La Secretaría de Gobernación (Segob) rindió un informe sobre la filtración de los datos de periodistas que sufrió la semana pasada y detalló que el ataque se originó en España, además adelantó que los comunicadores que se sientan vulnerados podrán solicitar el mecanismo de protección con el que cuenta la dependencia.
Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia proporcionó detalles adicionales sobre el incidente de acceso no autorizado a la información de periodistas. En primer lugar, destacó que el acceso indebido no afectó la base de datos completa de periodistas acreditados en la presidencia, sino a un archivo específico que contenía información parcial de aquellos que han sido utilizados en la Fuente presidencial.
El vocero informó que se tuvo conocimiento del probable acceso no autorizado el viernes alrededor de las 2 de la tarde y que, desde ese momento, se notificó de inmediato a la dirección general de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional. Como medida inmediata, se coordinó el cierre de cualquier acceso al sistema de acreditación de prensa de la presidencia.
Se aplicó el protocolo Nacional homologado de gestión de incidentes cibernéticos, lo que incluyó la notificación correspondiente del incidente al Centro Nacional de Respuesta de Incidentes Cibernéticos y a la Guardia Nacional. De manera simultánea, se activó el mecanismo de protección de periodistas y activistas, atendiendo a solicitudes de aquellos cuyos datos podrían haber sido vulnerados.
La Guardia Nacional actuó cerrando el sitio donde se alojaba la información extraída ilegalmente, y dicho sitio fue dado de baja. Jesús Ramírez destacó que, de acuerdo con la autoridad correspondiente, se tiene un plazo de 72 horas para notificar al Centro Nacional de Acceso a la Información y Transparencia.
En cuanto al número de personas afectadas y la naturaleza de la información comprometida, Ramírez señaló que 233 personas tuvieron sus datos expuestos ilegalmente. Enumeró algunos de los datos comprometidos, incluyendo credenciales de lector con domicilios completos, pasaportes, currículums y documentos del Instituto Nacional de Migración relacionados con periodistas de origen mexicano.
El vocero también mencionó que el gobierno de México está tomando acciones para evitar la proliferación de esta información y que se ha presentado una denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables por la extracción ilegal de información del sistema del gobierno.