El PRD en la Cámara de Diputados acusó que, de cara al proceso electoral del 6 de junio, se ejecuta desde la Presidencia con el respaldo de la FGR un “circo mediático” contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca , a quien se busca desaforar y sujetar a un juicio bajo las acusaciones de delincuencia organizada; Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, y Defraudación Fiscal Equiparada.
Antonio Ortega Martínez, Secretario de la Comisión de Hacienda y miembro del Comité de Ética, aseguró que sin duda, se arma contra el gobernador de oposición, “una estrategia política para exhibirlo y debilitarlo”.
Alertó que de hecho, “este será un ejercicio que veremos en dos o tres casos más, porque la intención será convertir la campaña electoral en un circo que desvíe la atención sobre temas fundamentales relacionados con el deterioro de la economía, la pérdida del crecimiento, de los empleos, del poder adquisitivo del salario, y de la infraestructura” en el país.
“Con el creciente problema de insatisfacción por el tema de inseguridad y violencia; y –desde luego- lo que se ha convertido en un galimatías y “una piedra en el zapato” del gobierno que es la campaña de vacunación y la estrategia frente al Covid; creo que esta es una estrategia para desviar la atención sobre los temas fundamentales que están ejecutándose de manera equivocada por el gobierno”, aseveró.
El legislador federal aseguró que, con el procedimiento para retirar el fuero al gobernador de Tamaulipas, se ha emprendido desde la Presidencia de la República, un debate político y pleito mediático que puede recaer, incluso, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que no dependerá solo de instancias federales, sino también locales.
Debe haber, dijo, una concurrencia de responsabilidades y facultades, no solo de la Fiscalía General (por ser presuntamente, delitos federales) y la Cámara de Diputados, sino que también tienen que resolver el Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.
El legislador consideró que se ha generado un enredo jurídico pues hay quienes creen que, resolviendo la Cámara, el gobernador puede ser detenido inmediatamente, lo que no es correcto.
