El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) resolvió que 10 personas físicas cometieron prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en el municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas.
Los tortilleros acordaron la manipulación del precio del producto, además de imponer la obligación de únicamente vender este alimento en el mostrador de las tortillerías.
Esta investigación se abrió como resultado de una denuncia en la que se proporcionaron elementos que indicaban la realización de la conducta anticompetitiva, considerando también que la tortilla es un producto primordial en la alimentación de los mexicanos.
En este sentido, un alza injustificada en su precio impacta directamente en el bolsillo de los consumidores, particularmente en los de menores recursos.
Los tortilleros pactaron el precio del kilogramo de tortilla en 14 pesos, que fue aplicado en las tortillerías de la localidad, así como imponer la obligación de únicamente vender este alimento en el mostrador de las tortillerías (prohibiendo su venta a domicilio).
Para asegurar el cumplimiento del pacto, la organización amenazaba con el corte del suministro de gas LP a quienes incumplieran con el pacto.
La Comisión encontró que antes del acuerdo, el precio de la tortilla se ubicaba entre 12 y 13 pesos por kilogramo, por lo que se estimó, de manera conservadora, que el sobreprecio que pagó la población por este alimento durante el periodo en el que se realizó la práctica, de agosto de 2017 hasta al menos mayo de 2018, fue igual a un peso por kilogramo.
Así, se calculó que el daño generado por esta conducta fue por un millón 260 mil pesos.
Por lo anterior, el Pleno de la Cofece sancionó a 11 personas físicas, 10 que cometieron la práctica monopólica absoluta y una por coadyuvancia, con multas que en conjunto suman 344 mil 108 pesos. Las sanciones se establecieron considerando la capacidad económica de los involucrados.
Una vez que se ha notificado la resolución a las partes, los agentes económicos sancionados tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la actuación de la Comisión mediante de un juicio de amparo indirecto.
