De acuerdo con lo reportado por Grupo Reforma, la Alcaldía Miguel Hidalgo denunció ante la Contraloría supuestas irregularidades por parte de la administración anterior en la compra e instalación de cámaras de videovigilancia.
Según publicó el diario, la compra se hizo con 22 millones de pesos del Presupuesto Participativo 2020 y 2021 y corresponde a la Licitación Pública Nacional número 30001026-007-21. Comenzó en agosto de 2021, poco más de un mes de finalizar el Gobierno que inició Víctor Hugo Romo y que concluyó Abraham Borden Camacho.
Entre las condiciones impuestas en dicha licitación se encuentra que el proveedor contara con un centro de monitoreo alterno a la Base Plata de la Alcaldía y que dicho espacio se ubicara a un radio no mayor a 4 kilómetros. Además, el documento especificó que el proveedor debía contar con un centro de servicio dentro de la Miguel Hidalgo con capacidad de, al menos, 250 metros cuadrados para resguardar postes y equipo.
Ante ello, la Administración de Mauricio Tabe acusó que las condiciones de la licitación limitaban las opciones de contratación a una sola empresa, Secure Witness de México, que se quedó con el contrato para las cámaras de vigilancia.
A decir de distintos medios de comunicación, Secure Witness de México S de RL de CV, ha sido representada por el empresario restaurantero Dennis Stevens y presuntamente sería de su propiedad. Además, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, en la ciudad de México, a esta compañía se le asignaron dos contratos por más de 57 millones de pesos. En ambos instrumentos se ostentó como presidente del Consejo de Gerentes de la firma.
Derivado de estas asignaciones, Dennis Stevens fue denunciado ante autoridades federales y locales, pues cuando las obtuvo ejercía como coordinador del Comité Ciudadano en Lomas de Virreyes, Miguel Hidalgo.
Grupo Reforma indicó que la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de Seguridad Ciudadana, de la Administración de Víctor Hugo Romo, solicitó que no hubiera modificaciones en las condiciones de la licitación, pues se invalidaría el proceso. De esa manera se imposibilitaba la intervención de la administración entrante a la Alcaldía y no se podría modificar los bienes y servicios a adquirir.
