Trabajadores del Organismo Agua y Saneamiento del gobierno municipal de Toluca, encargado de la distribución del agua potable en la capital mexiquense, denunciaron una escalada de hostigamiento y despidos arbitrarios, con un trasfondo eminentemente político.
Y es que, sin recibir ningún documento oficial, sin mediar causa justificada ni proceso administrativo, al menos una docena de empleados fueron notificados verbalmente de la terminación de su relación laboral.
Las víctimas, en su mayoría afiliadas a un sindicato local, afirman haber sido removidas por razones políticas y no por su desempeño laboral y denuncian que la intención detrás de estos actos es debilitar su derecho a la libre asociación y someterlos a un esquema de control desde la presidencia municipal.
“Me citaron y simplemente me dijeron que ya no trabajaba ahí. No me dieron ningún documento. Fue de palabra. Así están haciendo todo”, denunció uno de los afectados, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalias.
Los afectados aseguraron que este patrón de despidos sin causa escrita ni procedimiento legal comenzó el pasado viernes 13 y se ha intensificado esta semana.
“El patrón se repite: trabajadores sindicalizados son citados de forma individual, enfrentan cancelación inmediata de su empleo y pérdida de prestaciones sin ningún respaldo legal ni administrativo”, subrayaron.
De fondo, dijeron, se encuentra un conflicto político mal manejado entre el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, y la representación sindical de base, que ha sido marginada y debilitada sistemáticamente en los últimos meses.
En lugar de diálogo o negociación, la administración municipal ha optado por lo que muchos califican como represión laboral abierta.
Enfatizaron que lo más alarmante es la ausencia total de respaldo por parte del propio sindicato, que hasta ahora no ha emitido pronunciamiento público, ni ha iniciado procedimientos legales visibles para frenar los despidos, por lo que la base trabajadora comienza a hablar de traición, abandono y complicidad.
Organismos defensores de derechos laborales y colectivos ciudadanos advierten que lo que ocurre en este organismo municipal no es un caso aislado, sino una señal preocupante de cómo el poder local puede convertirse en instrumento de castigo, erosionando derechos laborales elementales como el debido proceso, la estabilidad en el empleo y la libertad sindical.
Se trata de personas que están siendo despedidas sin causa ni defensa, por decisiones políticas disfrazadas de autoridad administrativa, una práctica que recuerda los peores capítulos de abuso de poder en el ámbito municipal, expusieron.
