Un total de 24 personas fueron arrestadas luego de que retuvieron el martes a la presidenta municipal petista de San Agustín Amatengo, Italivi Sarahí Juárez Ramírez, en las instalaciones del Congreso local ubicadas en el municipio de San Raymundo Jalpan.
Luego que la alcaldesa fue rescatada, se puso a los arrestados a disposición del Ministerio Público, que les atribuyó los presuntos delitos de secuestro y violencia política por razones de género, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Los aprehendidos, 13 mujeres y 11 hombres, fueron capturados en un operativo de la Policía Estatal en las inmediaciones de la Villa de Zaachila.
La FGEO indicó que la privación ilegal de la libertad de la munícipe ocurrió tras una sesión de la legislatura estatal en la cual la mayoría de los diputados votó contra la revocación de mandato de Italivi Sarahí Juárez, lo que provocó la molestia de pobladores de San Agustín que la sometieron en dentro del Congreso.
Luego la subieron por la fuerza a una ambulancia, pero “resultado del despliegue se logró ubicar y dar alcance al vehículo, lo que permitió el rescate de la munícipe, además de que en una acción paralela se llevó a cabo la detención de 24 personas, entre ellas el conductor de la unidad”, informó la FGEO en un comunicado.
“Los aprehendidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Oaxaca, que realiza los trabajos de procuración de justicia a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto junto con la unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales”, señaló la institución.
Según las organizaciones Movimiento Lubizha, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec y Comuna Trinacional de Oaxaqueños Campesinos Migrantes, las aprehensiones se realizaron de forma arbitraria, por lo que demandaron la liberación de los 24 arrestados y de los vehículos en los que viajaban
El titular de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, condenó los hechos y subrayó que ninguna lucha social justifica la violencia, particularmente en contra de una mujer autoridad.
“Rechazamos la violencia hacia las mujeres en contra de la presidenta; ahí están las consecuencias de cometer actos ilícitos y violentar derechos”, declaró el funcionario, quien además advirtió que en la actual administración no se permitirá la impunidad.
Romero López señaló que la resolución del conflicto político en Amatengo se encuentra ahora en manos del Poder Legislativo. “Hoy la cancha está en el Congreso; espero que a la brevedad las y los diputados tengan una resolución”, expresó, en referencia a la posible revocación de mandato de la edil.
