Al participar en la mesa Desigualdades y políticas públicas del 1er Coloquio Internacional Los retos de las ciencias sociales en el siglo XXI: crisis y transformaciones, organizado por la Unidad Xochimilco, explicó que dichas asociaciones surgieron a partir de la negligencia oficial para proveer programas gubernamentales que solventaran el problema de vivienda, convirtiéndose en una compensación para la población migrante pauperizada.
Con la ponencia La biopolítica del avecindado: desigualdades y formas de habitar en la periferia de la Ciudad de México, el maestro en psicología social mostró aspectos de la investigación desarrollada en Peña Alta, localizada en las periferias del pueblo originario de San Juan Ixtayopan, de la delegación Tláhuac, integrada por migrantes (o avecindados) de primera y segunda generación.
En un lapso de tres décadas la población, ubicada lejos del proceso de crecimiento de la plancha urbana, ha aumentado de manera significativa al integrar a habitantes no nacidos en el pueblo y que son parte del flujo migratorio.
Chavero Amador reconoció que las formas de participación social y política que construyen los migrantes transitan de la informalidad a la ilegalidad, pero son parte de la lógica interna de los lugares a los que llegan y los coloca en relaciones asimétricas de poder.
Lo anterior se debe a que los pueblos originarios tienen sus estructuras sociales consolidadas y los migrantes que llegan son relegados a las periferias y la única manera en la que pueden establecerse en la parte central es mediante algún pariente originario.
Al tratar el tema ¿La justicia se equivoca? el maestro Alejandro Méndez Sánchez mencionó que existe una idea de que el derecho no debería equivocarse al estar conformado por reglas y procedimientos previamente establecidos, sin embargo, no es sólo la ley escrita, sino que también se somete a la interpretación.
Por ello, el también estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Unidad Xochimilco explicó que un juez puede equivocarse y existe el llamado error judicial por lo que debe haber un reconocimiento del Estado para aceptar que sus impartidores de justicia tuvieron una falsa apreciación de la realidad que pudo afectar a un gobernado.
