A las 07:17 horas de este sábado arribó a las instalaciones del Reclusorio Norte, el comboy de la Secretaría de Marina y de la FGR acompañando al ex procurador general de la República, Jesús Murillo karam, detenido ayer como presunto responsable de los delitos de tortura, desaparición forzada y actos contra la administración de la justicia, relacionados con el caso Ayotzinapa.
El exfuncionario federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, comparecerá a partir de las 9:00 horas en la audiencia de imputación, para responder por los cargos que le imputará la Fiscalía General de la República sobre las investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante esta audiencia, el juez de control escuchará las imputaciones que hará la representación de la FGR, y la respuesta de la defensa, para determinar si vincula a proceso o no Jesús “M”.
El acusado y su defensa podrá aceptar los cargos o reservarse su derecho a declarar y solicitar la duplicidad del término constitucional de 77 a 144 horas, para que el juez resuelva la situación jurídica del extitular de la desaparecida PGR.
El juez puede ordenar la prisión preventiva del acusado y que los cargos por los que fue librada la orden de aprehensión contra Jesús “M” están clasificados con prisión preventiva oficiosa.
La detención de Murillo Karam ocurrió un día después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentara las conclusiones del informe Ayotzinapa, y donde su nombre está incluido entre los 33 funcionarios presuntamente involucrados en el caso.
Cuando Murillo Karam estuvo al frente de la entonces Procuraduría General de la República ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Luego de encabezar las investigaciones del caso, el hoy detenido sostuvo que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de Guerreros Unidos -una organización criminal- y después quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero.
Ayer, Encinas dijo que se trató de un crimen de Estado, en el que concurrieron criminales de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.
Señaló que autoridades federales y estatales del más alto nivel – incluido el entonces titular de la PGR- fueron omisas y negligentes, además de que alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.
Dijo que la investigación no arroja indicios que apunten a que alguno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa siga con vida.
Explicó que los testimonios y evidencias recopiladas apuntan que los jóvenes fueron asesinados y posteriormente desaparecidos.
